Imagen: Luis Medina, en la Audiencia Provincial de Madrid | Europa Press
La Audiencia Provincial de Madrid dará a conocer el próximo 19 de marzo la sentencia del caso mascarillas por la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid de la que se acusa a Luis Medina y a Alberto Luceño por la venta de material sanitario en plena pandemia y por la que el Consistorio desembolsó cerca de once millones de euros por un suministro prácticamente defectuoso.
En una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el tribunal cita a las partes y a los acusados, a través de su representación procesal, a las 10.30 horas en la sede de la Audiencia de Madrid para la notificación de la sentencia.
El juicio quedó visto para sentencia el pasado 27 de febrero tras los alegatos finales de las defensas, quienes reclamaron al tribunal la absolución de sus clientes al no acreditarse la estafa al Consistorio madrileño.
La vista oral llegó a su fin tras ocho sesiones en las que declararon diversos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, entre ellos la entonces jefa de compras del Consistorio en la pandemia y el director gerente de Madrid Salud, peritos de la Agencia Tributaria y peritos de la Policía Municipal de Madrid.
En sus declaraciones, los procesados dejaron claro que nunca hablaron con Elena Collado, jefa de compras del Ayuntamiento durante la pandemia, de las comisiones, en contra de los manifestado por ésta, y que el precio de las mascarillas las fijó la empresa malaya Leno, el proveedor del material que se suministró.
El abogado de Luis Medina, el letrado José Antonio Choclán, solicitó una sentencia absolutoria al considerar que la acusación de estafa carece de fundamento en primer lugar porque no se podía calcular un sobrecoste de los precios de las mascarillas debido a que el mercado estaba roto sin oferta y no hay incumpliendo de los contratos porque “el fin era traer ese material” sanitario.
No se ocultó el dinero
El abogado de Alberto Luceño se sumó a los alegatos de su compañero Choclán en relación al delito de estafa agravada, que se imputa a ambos procesados, apuntando que no ha habido ocultación de los cinco millones que recibió en concepto de comisión.
En sus conclusiones, el fiscal mantuvo las penas de nueve y quince años de cárcel a imponer por los delitos de los que les acusa (estafa agravada, falsedad en documento mercantil, falsedad documental y delito fiscal), agregando la inhabilitación para el ejercicio del comercio durante los años que dure la condena.
En su informe, el fiscal subrayó que han quedado probados todos los hechos de los que se les acusa y de la prueba se acreditan acreditados todos los elementos del delito.
En cuanto a la estafa, consideró que el ánimo de lucro ha quedado “más que probado” por una serie de datos como un correo en el que se dice “pá la saca” y que la operación es un “pelotazo”, así como la cuantía de las comisiones.
Sobre el engaño, el fiscal destacó que está acreditado que hubo una ocultación de las comisiones y que se quiso dar la creencia que actuaban de forma altruista y de que no se llevaban comisiones, tal y como consta en un correo que manda Elena collado el 22 de marzo en el que escribe que no percibirían dinero por esa operación.
