Imagen: La fiscal general del Estado, Dolores Delgado. (EFE/Guillén)
Los fiscales de Canarias tienen abiertas cuatro causas para investigar supuestos malos tratos y abusos cometidos presuntamente en varios centros de acogida de menores migrantes en las islas, según han confirmado fuentes jurídicas a El País. Se trata de dos casos en la provincia de Tenerife y otros dos en la de Las Palmas.
El sistema de acogida canario no debería superar los 2.000 niños y adolescentes, pero mantiene ya a más de 5.300. Los obstáculos con el idioma, el miedo a sus propios agresores y a la policía y el desconocimiento son algunos de los impedimentos que los jóvenes señalan para atreverse a denunciar.
Según explica el mismo medio, una de las causas intenta aclarar la escandalosa situación que un grupo de trabajadores de un centro de Gran Canaria hizo pública en 2021. Según los denunciantes, que enviaron una carta anónima a la Consejería de Derechos Sociales, el descontrol en el hotel donde se alojaba a los menores era tal que no solo convivían niños y adultos, sino que algunos de los mayores abusaban sexualmente de los más pequeños. Aquella misiva también implicaba a seis trabajadores, a los que se acusaba de estar al corriente de todo lo que ocurría entre esas cuatro paredes.
Los casos de Tenerife se refieren a malos tratos en dos centros. Los menores entrevistados detallaron la dureza con la que eran tratados por sus cuidadores en un hotel de Puerto de la Cruz, en el norte de la isla. Seis adolescentes gambianos describieron que ante un supuesto mal comportamiento los encerraban como castigo en una habitación de aislamiento.
Cuando los fiscales acaban teniendo conocimiento de posibles hechos delictivos, disponen de seis meses para investigar y recabar las pruebas y testigos que fundamenten la querella ante un juez. Pero este proceso es complicado en situaciones donde no es lo habitual contar con pruebas de calidad ni testigos localizables o dispuestos a seguir adelante con todo el proceso, explican las mismas fuentes.
El Gobierno de Canarias es consciente
El Gobierno de Canarias, que tutela a los menores, es consciente de las situaciones que se viven en varios de sus centros. De forma genérica, su presidente, Fernando Clavijo, ha dicho en alguna ocasión que “el hacinamiento no permite garantizar la seguridad de los menores”. Con las capacidades desbordadas, hace meses que Clavijo reconoce que no es posible respetar los derechos de los niños y adolescentes que emigraron solos a las islas.
