Imagen: Marine Le Pen ante los miembros del Parlamento. EFE/JULIEN MATTIA/
La Fiscalía ha pedido este miércoles la condena de Marine Le Pen, líder de Reagrupamiento Nacional (RN), en el juicio por el presunto uso irregular por su partido de asistentes parlamentarios pagados por la Eurocámara y que se le imponga una pena que incluye la inhabilitación. Si resultara condenada y se confirmara el fallo, no podría presentarse a las presidenciales de 2027.
Un mes y medio después del comienzo del proceso, la fiscalía solicitó el miércoles penas de inhabilitación contra Le Pen y los otros 24 acusados -miembros del partido, exeurodiputados y antiguos asistentes parlamentarios- “moduladas” según responsabilidades. La acusación pidió cinco años de prisión, de los cuales dos serían en firme, pero con posibilidad de ajuste, y cinco años de inhabilitación para la jefa de los diputados de RN, además de una multa de 300.000 euros. “Su único objetivo es impedirme ser la candidata de mi grupo en las elecciones presidenciales [de 2027]. Hay que estar sordo y ciego para no verlo”, lamentó ella.
La semana pasada, Le Pen expresó al tribunal que la inhabilitación a la que se podría enfrentar tendría “consecuencias extremadamente graves”, como privar a millones de votantes de “su candidata”. Si eso sucediera, el partido debería activar también con efecto inmediato el proceso de sucesión y coronar definitivamente al delfín de Le Pen, el joven eurodiputado de 29 años y actual presidente de la formación, Jordan Bardella. Una sentencia de este tipo sería dramática para Le Pen, cuyo partido fue el más votado en las últimas elecciones legislativas (11 millones de papeletas) y que nunca antes se había encontrado tan cerca de las puertas del Palacio del Elíseo.
Casi 7 millones de malversación
Louise Neyton y Nicolas Barret, los dos fiscales que ejercen la acusación en este proceso iniciado el 30 de septiembre ante el Tribunal Correccional de París, solicitaron que la líder de la derecha radical francesa sea condenada por malversación de fondos públicos y por ser cómplice de ese mismo delito.
Le Pen aseguró que le había sorprendido escuchar cómo el fiscal les reprochaba ampararse en sus derechos y presentarlo como si eso fuera un abuso. Barret justificó el hecho de que no quiere que se dé la posibilidad a Le Pen y a los otros encausados de que se suspenda la pena de inhabilitación mientras se tramitan eventuales recursos por el riesgo de reincidencia que estima que hay en nuevas malversaciones, dado el comportamiento que tuvieron en los hechos objeto de este juicio.
En su requisitoria, Neyton puso el acento en la naturaleza inédita de los hechos que han conducido a este proceso “por su magnitud, su duración y, sobre todo por su carácter organizado, optimizado, sistémico y sistemático”, que acarrearon “un ataque grave y duradero a las reglas del juego democrático (…) y a la transparencia de la política”.
El Parlamento Europeo había evaluado en 6,8 millones de euros el monto total de la malversación y, teniendo en cuenta que una parte del dinero ha sido devuelto, reclama 3,7 millones en daños y perjuicios
Según la fiscal, el FN puso en marcha “un sistema organizado” con el objetivo de “servir a los intereses del partido” para ahorrar dinero con los asistentes parlamentarios en un momento en que atravesaba “una situación financiera particularmente tensa”.
Además, señaló que había “un interés personal directo” por parte de los máximos dirigentes del partido, porque la malversación les permitía mantener “un tren de vida confortable” y porque ese dinero les ayudó a consolidar, primero en torno a Jean-Marie Le Pen, y luego cuando su hija Marine tomó el relevo de la formación, un equipo con el que llevar adelante “su ambición política personal”.
