El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su esposa, Begoña Gómez, en el palacio Real de Madrid, a 19 de junio de 2024. Chema Moya/ EFE
La Fiscalía prevé recurrir la citación como testigo de Pedro Sánchez en la causa abierta contra su esposa Begoña Gómez, después de que Juan Carlos Peinado, el magistrado responsable del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, haya acordado citar como testigo al presidente del Gobierno e interrogarle el próximo 30 de julio en La Moncloa. A Gómez se le acusa de presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Peinado aceptó una de las peticiones de las acusaciones populares -encabezadas por Vox- tras la comparecencia de Gómez, que se acogió a su derecho a no declarar. “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada, Pedro Sánchez Castejón“, resume Peinado en un escrito fechado el pasado viernes y firmado este mismo lunes.
Por eso, según Europa Press, el fiscal del procedimiento prevé solicitar al juez que anule la providencia que se ha dado a conocer este lunes en la que se explica que la prueba testifical se practicará en La Moncloa, en virtud de lo que establecen los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim).
Dichos artículos fijan que, cuando la declaración del presidente del Gobierno fuese “sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo”, el juez se desplazará a su domicilio o despacho oficial para la comparecencia.
“Dispensado de la obligación de declarar”
En esta causa el juez investiga “todos los actos, conductas y comportamientos” llevados a cabo por Begoña Gómez “desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial” presentada por Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
La LeCrim, en su artículo 416, dice que Sánchez, como cónyuge de Gómez, estaría “dispensado de la obligación de declarar”. Fuentes consultadas por Europa Press precisan que ello no le eximiría de la obligación de comparecer ante el juez, por lo que hasta que el instructor no se presente en La Moncloa, el presidente del Gobierno no podría acogerse a dicho artículo.
El PSOE también recurrirá la decisión del juez
Según un comunicado emitido por el PSOE, consideran que estas nuevas diligencias son «injustificadas» y revelan la naturaleza «política» del caso. El PSOE argumenta que todas las diligencias practicadas hasta el momento demuestran que «no hay causa alguna». Esta afirmación se basa en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las declaraciones de testigos y los recursos presentados por la Fiscalía. En su comunicado, el partido socialista califica estas nuevas diligencias como «absolutamente injustificadas» y asegura que son una manifestación de la naturaleza política del caso.
Sostiene además que este caso constituye una «persecución política orquestada por la derecha y la ultraderecha contra el presidente del Gobierno y su familia». Según el partido, el Partido Popular (PP) y Vox están intentando conseguir «con oscuras maniobras» lo que no lograron en las urnas en las elecciones generales del 23 de julio, de las que ahora se cumple un año.
