Manuel García-Castellón, el juez de la Audiencia Nacional que ha estado al frente de algunos de los casos más relevantes de corrupción y terrorismo en España, se jubila. El Boletín Oficial del Estado ha publicado su retiro tras una prolongada carrera judicial, que se extiende desde 1977 y en la que ha liderado investigaciones como el ‘caso Púnica’, el ‘caso Lezo’, el ‘caso Villarejo’, y más recientemente, la investigación sobre el ‘Tsunami Democràtic’. Este último caso ha generado especial controversia por su implicación en la discusión sobre la posible amnistía para los líderes independentistas catalanes.
García-Castellón solicitó en 2022 aplazar su jubilación hasta el máximo permitido por la ley, los 72 años, prolongando su labor judicial por dos años adicionales. A pesar de las críticas y el debate político que han rodeado sus decisiones, el juez vallisoletano se ha mantenido firme en su enfoque y en la defensa de su independencia judicial. Ahora, será reemplazado temporalmente por María Tardón, la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, hasta que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determine quién ocupará su puesto de manera definitiva. Uno de los posibles candidatos para su plaza es el juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
A lo largo de su carrera, García-Castellón ha llevado casos de gran relevancia. En los años 90, mandó a prisión al banquero Mario Conde durante el ‘caso Banesto’. A su regreso a la Audiencia Nacional en 2017, después de servir como juez de enlace en París y Roma, García-Castellón se encargó de importantes investigaciones de corrupción como el ‘caso Púnica’ y el ‘caso Lezo’, y del complejo ‘caso Villarejo’, que explora las operaciones ilegales del excomisario José Manuel Villarejo y sus vínculos con las cloacas del Estado. Durante la instrucción del ‘caso Púnica’, llegó a citar como investigada a Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, aunque finalmente archivó la causa para ella a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
En el ámbito del terrorismo, el juez ha estado a cargo de varias investigaciones significativas, incluida la reciente propuesta de juzgar a cuatro exlíderes de ETA por su participación en el asesinato del concejal Miguel Ángel Blanco en 1997, un caso que también investigó durante su primera etapa en la Audiencia Nacional hace más de 25 años.
El ‘caso Tsunami Democràtic’, que investigó los disturbios organizados por la plataforma independentista catalana en respuesta a las condenas del procés, fue uno de los últimos casos de alto perfil que supervisó García-Castellón. La investigación generó gran polémica, especialmente cuando el juez imputó a figuras como Marta Rovira y Carles Puigdemont por terrorismo. Sin embargo, debido a una prórroga fuera de plazo de la instrucción, todas las diligencias posteriores al 29 de julio de 2021 fueron anuladas, llevando a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional a archivar el caso.
Con su jubilación, Manuel García-Castellón cierra una etapa destacada en la judicatura española, dejando un legado de decisiones controvertidas y casos emblemáticos que han marcado la política y la justicia en el país.
