El abogado de Alberto González Amador, compañero de Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto a la Fiscalía un acuerdo para evitar una posible condena mayor por presunto fraude fiscal y falsificación documental. La propuesta implica «8 meses de cárcel y el pago de 525.000 euros, el 40% de la cuota defraudada«, como una forma de reconocer los hechos y mitigar la solicitud de pena.
En la propuesta, González Amador asume dos delitos contra la Hacienda Pública por el impuesto sobre sociedades en 2020 y 2021 como administrador de la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad Para el Fomento del Medio Ambiente SL.
Los detalles
La defensa sugiere «4 meses de prisión por cada delito» y una multa equivalente al 40% de la cuota defraudada, unos 520.000 euros. Aunque intentó regularizar su situación fiscal, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) indicó que esta acción no eximiría de responsabilidad, lo que González Amador acepta completamente.
Además de la pena de prisión y la multa, la defensa propone la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y la suspensión del derecho a beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante 9 meses.
Esta propuesta generó un conflicto de González Amador contra la Fiscalía, pues la filtración parcial de este acuerdo derivó en la querella de González Amador contra la Fiscalía por revelación de secretos. La Fiscalía Provincial de Madrid se opuso a admitir la denuncia, argumentando que la filtración no constituye un delito y que investigarla sentaría un precedente que debilitaría la posición de la Fiscalía en el futuro. La Junta de Fiscales de Sala debe decidir sobre la admisión de la querella, dividiendo opiniones entre los que apoyan una investigación previa y los que consideran que no es necesaria.
La polémica del caso
La querella presentada por el abogado de González contra la Fiscalía ha desencadenado un conflicto que ahora llega a la Junta de Fiscales de Sala, compuesta por 38 miembros de la carrera fiscal. Este órgano debe tomar una decisión sobre la admisión de la denuncia.
En un lado del debate está la fiscal María de la O Silva, quien lidera la querella y aboga por realizar diligencias mínimas para identificar a los responsables de la filtración. Por otro lado, la número dos de García Ortiz, María Ángeles Sánchez Conde, se opone a estas investigaciones, argumentando que no se ha cometido ningún delito de revelación y que acceder a los correos entre la Fiscalía Provincial y la General del Estado sentaría un peligroso precedente.
La filtración de estos correos buscaba contrarrestar informaciones previas que sugerían que fue la Fiscalía la que ofreció a González un acuerdo de conformidad. En realidad, fue el propio González quien propuso este acuerdo, aceptando la comisión de dos delitos fiscales a cambio de una multa y una pena de prisión.
