El empresario Javier Hidalgo, actual CEO de Globalia y figura relevante en el sector turístico español, enfrenta una posible pena de hasta un año de prisión si incumple la citación del Senado programada para el 22 de noviembre. Esta comparecencia está relacionada con la comisión de investigación del llamado «caso Koldo», un escándalo vinculado al rescate de su aerolínea Air Europa. El Partido Popular , con mayoría en el Senado, ha impulsado con firmeza su asistencia, subrayando que su presencia es crucial para esclarecer los posibles vínculos de Hidalgo con actividades de influencia en la gestión de fondos públicos.
El 10 de octubre, la comisión de investigación aprobó convocar a Hidalgo, pero los intentos del Senado y del Ministerio del Interior por localizarlo para que compareciera el pasado jueves resultaron infructuosos. Según informa ABC, Hidalgo lleva residiendo en Botsuana desde hace meses, lo que ha complicado el proceso. Pese a esto, el entorno del empresario asegura que no recibió notificación oficial alguna y que está dispuesto a comparecer si se le cita con el debido tiempo. No obstante, la persistente ausencia de Hidalgo ha llevado al PP a solicitar la colaboración de varios ministerios para localizarle, destacando que, de no asistir, podría incurrir en un delito de desobediencia.
Dimensión legal
El Código Penal español tipifica el delito de desobediencia en su artículo 502, imponiendo penas de prisión de hasta un año o multas económicas a quienes se nieguen a comparecer en una comisión de investigación parlamentaria. La penalista María de la Torre, especialista en derecho penal, afirma que el delito de desobediencia ocurre cuando alguien, voluntariamente, decide no acatar un mandato de una autoridad competente, en este caso, la citación del Senado.
Para que el delito de desobediencia se materialice, el Senado debe probar que Hidalgo ha sido notificado en tiempo y forma y que, con conocimiento de esta citación, optó por no acudir. De presentarse este escenario, fuentes cercanas al PP han adelantado que interpondrían una denuncia ante el juzgado. La penalista añade que, en general, la sanción habitual es una multa, pero en caso de reincidencia podría imputarse un delito continuado, aumentando la gravedad de la pena debido a la reiteración de la conducta y el menosprecio a la autoridad.
La situación ha generado una creciente fricción entre el PP y el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Este último también enfrentó dificultades para localizar al exsubdirector de Gestión Económica y Patrimonial, José Manuel Fraile, para una comparecencia previa, lo que ha reforzado las sospechas de obstrucción en el partido popular. El PP ha solicitado formalmente a la Cámara Alta que exija al Ministerio de Exteriores utilizar su red de embajadas para localizar al empresario si se encuentra fuera de España, así como la colaboración del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria para obtener su domicilio fiscal.
Hidalgo y el Caso Koldo
La comparecencia de Hidalgo en el Senado está ligada a la investigación en torno al caso Koldo, una trama que involucra a figuras influyentes y a funcionarios en la concesión del rescate de 475 millones de euros para Air Europa, en noviembre de 2020. Los investigadores sostienen que Hidalgo contrató al empresario Víctor de Aldama para mediar en el cobro de una deuda de 200 millones en Venezuela y para facilitar el rescate de la aerolínea, en una operación en la que se presume la intervención de Koldo García y del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Pese a la polémica, el entorno de Hidalgo ha afirmado repetidamente que el empresario siempre ha estado disponible para colaborar con las autoridades españolas. En declaraciones a THE OBJECTIVE, estas fuentes aseguraron que Hidalgo comparecerá una vez reciba la citación formal. Además, recuerdan que ya prestó testimonio en la Audiencia Nacional en septiembre como testigo en otro caso relacionado con el rescate de Air Europa.
Sin embargo, algunos sectores dentro del PP interpretan la falta de localización de Hidalgo como una estrategia dilatoria para evitar la exposición pública de su papel en la gestión del rescate. Esta interpretación se ve reforzada por el hecho de que, aunque Hidalgo ha manifestado su disposición a asistir, ni él ni su abogado han confirmado haber recibido la citación formal del Senado.
