La jueza Beatriz Biedma ha emitido un auto que sitúa al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, al borde del banquillo, por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias. Según concluye la magistrada, la contratación del exasesor de Moncloa Luis Carrero por la Diputación de Badajoz formaría parte de una operación orquestada para satisfacer las “preferencias personales” de Sánchez.
Todo indica que su incorporación a la Diputación pacense en 2017 no fue una coincidencia, sino el resultado de una estrategia premeditada. Testimonios recogidos durante la instrucción revelan que incluso antes de convocarse la plaza de coordinador de conservatorios ya se especulaba que el puesto estaba destinado a David Sánchez. De forma paralela, se diseñaba la creación de una nueva plaza en el área de Cultura, lo que, según la jueza, refuerza la hipótesis de una estrategia ad hoc para facilitar su entrada.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil obtuvo correos electrónicos que demuestran la implicación de altos cargos en la planificación y convocatoria del proceso selectivo. Días antes de su publicación oficial en el Boletín Oficial de la Provincia, la directora del Conservatorio Juan Vázquez, Yolanda Sánchez, admitió que ya se hablaba de David Sánchez como destinatario del puesto. Esa información previa fue confirmada por un correo clave enviado el mismo día de la publicación, en el que se referían a él como “El hermanísimo”, dando por hecho que el cargo era suyo incluso antes de conocerse a los candidatos.
Ya en el puesto, sus funciones se ajustaron a su conveniencia. El propio Sánchez declaró en sede judicial que tenía derecho a teletrabajar, y que acudía a Badajoz “cuando lo consideraba necesario”, argumentando que sus funciones no requerían presencia continua. También se impulsaron proyectos afines a sus intereses personales, como “Ópera Joven”, el cual ya había mencionado en su presentación para el cargo.
Una de las piezas clave del caso es la contratación de Luis Carrero, amigo íntimo de Sánchez desde hace más de veinte años. Correos intervenidos demuestran que Carrero colaboraba con él en el desarrollo de proyectos incluso cuando aún trabajaba en Moncloa. De hecho, Sánchez lo presentaba como parte de su equipo antes de que la plaza fuera oficialmente convocada. En un correo del 30 de octubre de 2023, el propio Sánchez adelantaba su intención de coordinarse con Carrero tras su futura incorporación, que daba por hecha aunque aún no se había anunciado.
El auto también detalla cómo se adaptó la plaza de David Sánchez a medida, mediante una simple “modificación de nomenclatura”, eludiendo así un nuevo proceso de alta dirección. Esta alteración evitó informes sindicales y dictámenes técnicos necesarios. La jueza subraya que se sustituyeron funciones sin mencionarlo en el expediente, lo que permitió eludir los controles habituales.
En sus 71 folios, la instructora recopila una serie de excepciones y privilegios que, según sostiene, permitieron a David Sánchez no solo obtener el cargo, sino también diseñarlo según sus propias preferencias, con el respaldo de altos cargos de la Diputación. La presunta implicación directa del presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y de otros ocho responsables administrativos apunta a la creación de un puesto público confeccionado para un beneficiario específico, en abierta contradicción con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.
Más allá de los posibles delitos, el caso revela los mecanismos mediante los cuales se habría instrumentalizado una institución pública para el beneficio personal del hermano del presidente del Gobierno. De confirmarse judicialmente, se evidenciaría un uso arbitrario de recursos públicos en función de vínculos personales, en perjuicio de la legalidad y de aspirantes legítimos.
