Imagen: Regularización.Ya celebra que el Congreso haya desbloqueado la ILP para regular a medio millón de migrantes. Ricardo Rubio. Europa Press
Una vez desbloqueada la tramitación sobre la regularización de 500.000 inmigrantes que trabajan y viven en España y presentadas las enmiendas al texto, los grupos políticos de la Cámara deberán ponerse de acuerdo en la redacción final del articulado. Todos, a excepción de Vox, que fue el único partido que no apoyó en abril la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).
La propuesta del PP, que mantiene como fecha de corte para la regularización a aquellos inmigrantes que se encontraran en España antes del 1 de noviembre de 2021, amenaza con dejar en papel mojado el procedimiento extraordinario, según denuncian partidos y asociaciones. Junts, además, condiciona en su enmienda la regularización al traspaso de las competencias en materia migratoria, lo que complica más el acuerdo.
El texto lo registró a última hora de este miércoles el PP, quien reclama que esta nueva regularización se haga de manera “individualizada”. La fecha que defiende es la que figuraba en el texto original, porque fue entonces cuando se registró ante la Junta Electoral Central y comenzó el proceso para la recogida de firmas. Su propuesta excluiría a los inmigrantes que tengan antecedentes penales —requisito que se ya contemplaba en anteriores regularizaciones—, a los que sean delincuentes reincidentes o tengan prohibida la entrada a territorio español.
Regularizar a 500.000 migrantes que trabajan y viven en España
El PSOE y Sumar pactaron esta semana ampliar la regularización a los extranjeros que se encontrasen en España hasta antes del 31 de diciembre de 2023, aunque establecieron que para concederla se usarían criterios “laborales, socioformativos, familiares y/o humanitarios”, lo que delimitaría los posibles beneficiarios.
La intención es que, una vez aprobada la iniciativa, en unos seis meses se apruebe un decreto para esa regulación. ERC, EH Bildu, Podemos y BNG, en su propia enmienda, reclaman extender aún más el período, de forma que la ley beneficie a todas las personas que estén en España antes de “la entrada en vigor” de la norma, tal y como pide Regularización Ya, una de las principales organizaciones impulsoras de la ILP.
Las organizaciones promotoras de la iniciativa llaman la atención sobre la iniciativa del PP. El sistema actual de regularización por arraigo social ya exige tres años de estancia en España, una oferta de trabajo en firme y no tener antecedentes, por lo que la propuesta del PP no añadiría nada al procedimiento actual, denuncian.
