En un nuevo giro que ha generado gran controversia, el gobierno español ha decidido deportar a diez activistas saharauis a Marruecos, país que mantiene una ocupación ilegal sobre el territorio del Sáhara Occidental desde 1975. La decisión ha sido tomada por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha sido recibida con duras críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y activistas pro saharauis, quienes denuncian esta acción como una traición a los compromisos históricos de España con el pueblo saharaui y una grave violación de sus derechos.
Los activistas saharauis deportados son conocidos por su lucha pacífica en favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental y la defensa de los derechos humanos en los territorios ocupados. La deportación a Marruecos, un país que ha sido señalado repetidamente por la comunidad internacional por su represión contra los saharauis, pone en peligro la seguridad y la libertad de estos defensores de derechos. Según diversas fuentes, los activistas podrían enfrentarse a detenciones arbitrarias, torturas y otras formas de represalia por parte de las autoridades marroquíes, que ven en ellos una amenaza para el control que ejercen sobre el territorio.
El cambio de postura de Sánchez
Esta decisión se enmarca en una serie de movimientos recientes por parte del gobierno español que indican un cambio de postura hacia el conflicto del Sáhara Occidental. En marzo de 2022, el presidente Pedro Sánchez sorprendió al anunciar su apoyo a la propuesta de Marruecos de otorgar una autonomía limitada al Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí, una postura que fue interpretada por muchos como un respaldo tácito a la ocupación marroquí. Este cambio de posición fue visto como una traición por parte del Frente Polisario, representante legítimo del pueblo saharaui reconocido por la ONU, y provocó tensiones diplomáticas con Argelia, principal aliado del Frente Polisario.
La deportación de los activistas es un paso más en esta dirección, sugiriendo una alineación cada vez más estrecha de España con la política marroquí en la región. Esta medida también ha sido criticada por los partidos de izquierda dentro del gobierno de coalición, que consideran que la actuación del Ministerio del Interior está socavando la posición tradicional de España en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.
Implicaciones internacionales y Derechos Humanos
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por esta medida. Amnistía Internacional ha advertido que la deportación de activistas a un país donde corren riesgo de sufrir malos tratos o detención arbitraria viola el principio de no devolución, que prohíbe a los Estados enviar a personas a un lugar donde sus vidas o libertades puedan estar en peligro. Esta acción, argumentan, contradice los compromisos internacionales de España y pone en duda su credibilidad en la defensa de los derechos humanos.
Además, esta decisión podría tener repercusiones a nivel europeo. España, como miembro de la Unión Europea, tiene la obligación de adherirse a las normativas comunitarias sobre protección de los derechos humanos y asilo. La deportación de activistas a Marruecos podría ser objeto de revisión por parte de las instituciones europeas, que podrían sancionar a España por incumplir sus obligaciones.
Reacciones del Pueblo Saharaui y la Sociedad Civil
La comunidad saharaui, tanto en los campamentos de refugiados de Tinduf como en los territorios ocupados, ha reaccionado con indignación y tristeza ante la noticia. Para muchos, esta deportación representa una nueva traición de España, a la que consideran responsable histórica de la situación en el Sáhara Occidental. Los activistas deportados se enfrentan ahora a un futuro incierto, mientras que el pueblo saharaui sigue esperando la celebración de un referéndum de autodeterminación prometido desde hace más de 45 años.
En conclusión, la deportación de estos activistas saharauis a Marruecos marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre España y el Sáhara Occidental. A medida que el gobierno español se acerca a Marruecos, el pueblo saharaui se encuentra más aislado y desprotegido. La comunidad internacional, y especialmente la Unión Europea, deberá vigilar de cerca estas acciones y sus posibles consecuencias en el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.
