El desalojo de un asentamiento de caravanas y tiendas de campaña en Can Rova, Ibiza, ha terminado con seis detenidos, lo que ha suscitado duras críticas por parte de organizaciones sociales y el Sindicato de Inquilinas de Ibiza. El Ayuntamiento de Santa Eulària ha reubicado a cerca de 30 adultos y menores tras el desalojo.activando a los Servicios Sociales para evaluar su situación y proporcionar asistencia.
Solución temporal
Se coordinaron soluciones temporales con Cáritas y otras entidades: unas diez personas, incluyendo mujeres y niños, fueron alojadas en el Centro de Acogida Nazaret; tres hombres adultos en el Centro de Baja Exigencia de sa Joveria; y 20 adultos en el polideportivo del CEIP S’Olivera.
La concejala de Bienestar Social, Antonia Picó, destacó que este alojamiento es una solución “muy temporal y puntual” y que se está trabajando para encontrar alternativas más dignas para los realojados.
El desalojo, que implicó a más de 50 agentes de Policía Local, Guardia Civil y antidisturbios, resultó en seis detenidos por resistencia a la autoridad. Aunque algunos habitantes decidieron abandonar el asentamiento voluntariamente, medio centenar de personas adultas y 18 menores resistieron hasta ser desalojados por la fuerza. Algunos afectados denunciaron agresiones durante el operativo.
El hecho se llevó a cabopor orden judicial tras una denuncia de los propietarios del terreno por “uso abusivo” del mismo, alegando actividades ilegales y peligrosas. Alicia Bocuñano, portavoz de los desalojados, indicó que muchas familias no tienen adónde ir y enfrentan dificultades para encontrar alquileres asequibles en la isla, a pesar de tener trabajo.
Incremento del precio de los alquileres
Este asentamiento estaba compuesto por unas 400 personas, muchas de ellas trabajadores, y entre ellos había menores. Estos desalojados se habían visto obligados a vivir en caravanas, casetas o tiendas de campaña debido a la extrema situación de la vivienda en la isla, donde los altos precios de los alquileres hacen casi imposible encontrar una vivienda asequible.
El Sindicato de Inquilinas de Ibiza ha expresado su «total repulsa» al desalojo en un comunicado, señalando que los desalojados eran trabajadores que pagaban por un trozo de parcela con acceso a agua y luz para poder instalarse. El sindicato critica que el gobierno no está aplicando la Ley de Vivienda ni regulando los precios de los alquileres para ayudar a las familias en la isla.
Además, destacan la «nula gestión» de las autoridades en materia de vivienda, acusándolas de solo implementar regulaciones mínimas para generar notas de prensa, lo que ha llevado a una crisis de vivienda insostenible en Ibiza.
Sonia, una enfermera que gana 1.800 euros al mes, lamenta tener que abandonar la isla ya que no puede asumir el coste del alquiler de un piso.
Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària, la alcaldesa Carmen Ferrer ha defendido la actuación de las fuerzas policiales, argumentando que se cumplió un mandato judicial. En el operativo estuvieron presentes tres trabajadoras sociales y una educadora social para coordinarse con la central de Bienestar Social en Santa Eulària.
El Sindicato de Inquilinas de Ibiza ha denunciado la falta de acción de las autoridades locales para abordar la crisis de vivienda, acusándolas de no aplicar efectivamente la Ley de Vivienda y de permitir que los precios de los alquileres se disparen, lo que hace que la vida en Ibiza sea insostenible para muchos de sus residentes.
