El Gobierno ha vuelto a recurrir al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) para financiar su entrada en Telefónica a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Este movimiento, que inicialmente estaba destinado a comunidades autónomas y ayuntamientos, ha desviado ya 2.000 millones de euros hacia la SEPI. Debido a la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, el Ejecutivo decidió redirigir 1.500 millones del Fondo de Financiación y 500 millones del Fondo para Entidades Locales hacia esta operación, lo que ha provocado quejas de territorios gobernados por el Partido Popular.
Una cifra mil millonaria para adquirir parte de Telefónica
Según se reveló en el informe de ejecución presupuestaria de abril, el Ministerio de Hacienda realizó una aportación patrimonial de 1.000 millones de euros a la SEPI en ese mes, destinada exclusivamente a la adquisición de acciones de Telefónica. Esta operación se financió a costa de una menor aportación al Fondo de Financiación de las comunidades autónomas, reduciendo 500 millones de euros de este. El Gobierno no consideró la posibilidad de que alguna región pudiera necesitar estos fondos para cumplir con el objetivo de déficit de 2023.
El informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestra que Hacienda aprobó la inyección de 1.000 millones de euros a la SEPI, de los cuales 500 millones provienen del FFCA. Esta cantidad se suma a las inyecciones realizadas en febrero y marzo, cada una de 500 millones de euros, totalizando 2.000 millones de euros en fondos públicos utilizados por la SEPI para adquirir una participación en Telefónica y contrarrestar la influencia del fondo saudí STC, que posee el 9,9% de las acciones de la compañía.
El 20 de mayo, completó la compra de 567.016.155 acciones de Telefónica a un precio medio de 4,0295 euros por acción, elevando el costo total de la operación a casi 2.285 millones de euros. A esta cantidad se suman 541 títulos adicionales ya en cartera. Con la cotización de Telefónica a 4,28 euros al cierre de la última sesión bursátil, el paquete accionarial del Gobierno tiene un valor de casi 2.427 millones de euros.
Las comunidades autónomas requieren “menos financiación”
Fuentes gubernamentales justificaron que, dado que los presupuestos de este año son una prórroga y que las comunidades autónomas requieren menos financiación debido a la reducción de su déficit, «había margen para destinar esos 500 millones de euros del fondo autonómico para apoyar esta operación». Añadieron que las comunidades autónomas no perderán recursos, ya que recibirán un 15% más que en 2023, con una asignación total de 154.467 millones de euros del sistema de financiación, casi 20.000 millones más.
