Los sindicatos de la Policía Nacional y Guardia Civil, AUGC y SUP, han publicado un comunicado en el que lamentan que la “Sección Quinta de la Sala de la Sala de lo Contencioso-administrativo de lo Audiencia Nacional ha anulado la sentencia citada por el Juzgado Central de lo Contencioso-administrativo 3 de la Audiencia Nacional, que reconocía a AUGC y al SUP la obligación del Gobierno de cumplir con las cláusulas tercera y octava del Acuerdo de Equiparación Salarial”.
Así mismo, destacan que la sentencia va a ser recurrida por ambos sindicatos ante el Tribunal Supremo y van a apelar a una “serie de argumentos jurídicamente discutibles, para adoptar dicha determinación”. Aunque desde el comunicado señalan que “la sentencia da un paso de gigante al reconocer a dicho acuerdo de equiparación salarial, se llegó de manera conjunta entre el Ministerio del Interior, sindicatos de Policía Nacional y Asociaciones profesionales de miembros de la Guardia Civil” como “negociación colectiva en el ámbito de la función pública”.
Hay que destacar que ambos sindicatos, AUGC y SUP, demandaron al Ministerio del Interior para reclamar “el cumplimiento del acuerdo de equiparación salarial” cuyo fallo histórico ordenó a “Interior el cumplimiento íntegro del Acuerdo, obligando al Ministerio a la renegociación del acuerdo de equiparación salarial publicado en el BOE en relación con las cláusulas incumplidas”.
En el comunicado señalan también que la cláusula tercera de este acuerdo se comprometía a destinar “100 millones de euros durante tres ejercicios económicos, en total 300 millones, para incentivar que nuestros compañeros en Segunda Actividad y Reserva optasen por reincorporarse a la prestación del servicio”. También hacen referencia a la cláusula octava, la cual “recoge la aprobación de una ley para garantizar que en el futuro no se puedan producir disfunciones salariales entre los cuerpos policiales que realizan las mismas funciones”.
AUGC y SUP quieren recurrir la sentencia ante el TS
Por otro lado, AUGC y SUP destacan que el Tribunal Supremo deberá pronunciarse “si es ajustado o no a derecho de incumplir cláusulas de un acuerdo pactado, fruto de la negociación colectiva, y que afecta a miles de policías y guardias civiles. Ambos sindicatos sostienen que su cumplimiento es obligado, como parte de la salvaguardia de los pilares básicos del Estado de Derecho”.
Así, el comunicado explica que el Supremo deberá “decidir si el incumplimiento del Gobierno, capitaneado por el ministro del Interior, es compatible con la seguridad jurídica y con el respeto del principio de confianza legítima que tiene y ampara a todos los ciudadanos, de que los acuerdos pactados con el Gobierno han de cumplirse”.
