Los bomberos, junto al ‘zeta’ de la Policía Nacional. / NACHO MARÍN
La Sección 7ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, inició este martes el juicio contra Isaías M.S. por dos delitos de intento de asesinato contra un inspector y un agente de la Policía Nacional a los que arrolló, el 5 de septiembre de 2020, con un todoterreno cargado de droga. La Fiscalía reclama para Isaías M.S. penas de prisión que suman 36 años por todos los delitos y el abono de una indemnización de 1,5 millones de euros para el inspector Francisco Javier G.S. Por su parte, la acusación particular eleva la pena a más de 46 años de prisión y una indemnización de 3 millones.
El juicio se prolongará durante dos jornadas, y uno de los objetivos será dilucidar tanto la cuantía de las indemnizaciones como a quién corresponde abonarlas. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular entienden que, en el caso de que Isaías M.S. se declare insolvente –como parece probable– sea el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) quien las asuma, pero este último ya ha adelantado que se niega a hacerlo.
«Tal y como viene declarando reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional, en los supuestos de seguro obligatorio las Compañías Aseguradoras o, en su caso, el Consorcio de Compensación de Seguros, tienen únicamente la condición de terceros civiles responsables, su derecho o interés se limita exclusivamente a discutir la responsabilidad civil”, expresa el abogado del Estado que representa al CCS en un escrito dirigido a la Audiencia, al que ha tenido acceso Europa Sur.
“No nos encontramos ante ninguna de las funciones atribuidas legal o reglamentariamente al Consorcio de Compensación de Seguros, pues los hechos descritos no constituyen un hecho de la circulación, parámetro éste imprescindible para que entre en juego el seguro obligatorio de vehículos, seguro obligatorio a cuyo ámbito se ciñe la responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros”, añade a renglón seguido el organismo estatal.
Utilización del vehículo a motor como instrumento de los delitos
En sus argumentos, el CCS alude a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y mantiene, según este texto, que “no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes”.
En contra de esta posición se expresan la Fiscalía y la acusación particular del inspector, que entienden que, en caso de que el CCS se desentienda de las indemnizaciones, las dos víctimas quedarían desamparadas pese a haber sufrido heridas en el desempeño de sus funciones como policías nacionales. De hecho, el CCS había abonado ya al inspector 282.596,29 euros, entre julio de 2021 y mayo de 2023.
En el todoterreno se encontraron 17 fardos de hachís con un peso bruto de 556 kilos, valorados en 845.914 euros. Además de las indemnizaciones, el fiscal pide para Isaías M.S. una multa de 3 millones de euros por la droga que le fue incautada, al igual que para el acusado que le acompañaba en el todoterreno.
