Vicente Barrera y Carlos Mazón se saludan durante un pleno de las Corts Valencianes. José Cuéllar/Corts Valencianes
El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este jueves la llamada Ley de Concordia, que deroga la anterior Ley de Memoria Democrática de 2017, con los votos a favor del PP (40) y Vox (13) y los votos en contra de PSPV-PSOE (31) y Compromís (15). La norma equipara las víctimas desde 1931 hasta la actualidad, incluyendo a las del terrorismo etarra, sin condenar el franquismo ni distinguir a las miles de personas asesinadas que acabaron en fosas comunes o en paradero desconocido durante la represión de la dictadura franquista, tras la Guerra Civil.
Tanto el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como los consellers y los diputados de PP y Vox se han puesto en pie al finalizar la votación, mientras los diputados del PSPV han levantado carteles con el lema ‘Veritat, justícia i reparació’ y los de Compromís han alzado libros relacionados con la memoria democrática para denunciar la norma. “Dentro de tres días se cumple el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Nació en Ermua, como todos saben. Si Miguel Ángel Blanco, en vez de nacer en Ermua hubiera nacido en Castellón, con su ley, no sería víctima de violencia política. Con la mía sí”, ha apuntado Mazón al portavoz del PSPV, José Muñoz, que ha criticado la ley durante la sesión de control.
Varios cargos valencianos de Vox han reconocido en los pasillos de las Cortes que la relación con el PP en la Comunidad Valenciana es “muy buena” y han lamentado la posibilidad de salir del Consell, en relación con la reunión interna que mantendrá hoy Vox para decidir si continúa gobernando junto con el PP en las distintas comunidades autónomas.
Una ley que no condena la dictadura franquista
Bajo la premisa de que “todas las víctimas son iguales”, la ley fulmina la memoria democrática y sustituye sus conceptos, en contra de la historiografía, y estirando el periodo analizado desde 1931 hasta la actualidad, como exigía Vox. Se pasa de un texto legal con más de sesenta artículos a uno de apenas seis folios que no condena expresamente la dictadura franquista y tiene enfrente a las asociaciones de víctimas y a la comunidad académica.
Por ejemplo, el Consell Valencià de Cultura, que afirma que “romperá repentinamente” la convivencia con “graves consecuencias por el desprecio y la humillación de una parte de la población”, mientras las universidades públicas afirman que tiene “graves carencias científicas” y plantea medidas “claramente insuficientes” e “incluso contraproducentes para los objetivos buscados”.
La norma pasó este miércoles su último debate y, salvo sorpresa, quedará aprobada en la jornada del jueves en la Cámara valenciana, tras la última sesión de control a Carlos Mazón.
El PP defiende que su polémica norma es “una ley superadora de bandos”, “restaurativa por encima de revanchismos” y garantiza que “luchará contra el antisemitismo, el antigitanismo y la xenofobia”.
