El Estado español enfrenta un impacto económico significativo debido a diversas sentencias judiciales adversas, que afectarán las arcas públicas y aumentarán el déficit, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Estas sentencias, relacionadas con impuestos y otros litigios, supondrán un coste mínimo de 10.000 millones de euros, lo que incrementará el déficit en dos décimas del PIB este año.
Entre las sentencias desfavorables destaca la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaró ilegal el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos. Este fallo solo deja pendiente la cuantificación del impacto final y el año de su registro en la contabilidad nacional. Según la última Cuenta General del Estado de 2022, el Gobierno había estimado un efecto de hasta 6.500 millones de euros por este concepto.
Además, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales varios aspectos del Real Decreto-ley 3/2016, que reformaba el Impuesto sobre Sociedades. Esta decisión ha obligado a realizar devoluciones que continuarán en 2024. Aunque la AIReF no proporciona cifras específicas, el Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la CEOE, estima que Hacienda deberá devolver 25.000 millones de euros.
Otra sentencia relevante es la del Tribunal Supremo de febrero de 2023, que reconoció el derecho de devolución del IRPF a pensionistas que cotizaron en las antiguas mutuas laborales. Asimismo, en julio de 2022, el Supremo declaró contrario al derecho europeo el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) aplicado a los operadores de telefonía móvil. Estas devoluciones se están realizando progresivamente, con un impacto que se extenderá hasta 2024. Según el informe del Tribunal de Cuentas de 2022, el Estado registró una provisión de 1.291 millones de euros por la devolución del IAE, más 100 millones por intereses, de los cuales 1.250 millones aún están pendientes de registro.
Además de estos casos, la AIReF advierte sobre otros riesgos fiscales en litigio. En el sector energético, persisten los conflictos relacionados con las energías renovables, con condenas en arbitrajes internacionales que ascienden a 1.164 millones de euros. También continúan los recursos contencioso-administrativos contra las resoluciones de liquidación de contratos de concesión de autopistas de peaje y los préstamos participativos otorgados a concesionarias en dificultades financieras, por 148 millones de euros. Las demandas de concesionarias por el equilibrio económico debido a la COVID-19 suman otros 427 millones de euros.
En cuanto al bono social eléctrico, varios recursos contencioso-administrativos están en curso, aunque en 2022 ya se imputaron 366 millones de euros. Se espera un aumento de estos costes en 2024. Además, el Tribunal General de la Unión Europea revocó en septiembre de 2023 una decisión de la Comisión Europea sobre desgravaciones fiscales a empresas que realicen compras indirectas de compañías extranjeras, aunque esta sentencia está pendiente de resolución tras ser recurrida.
Por otro lado, Hacienda ha impugnado ante la Audiencia Nacional una resolución favorable al Banco Santander del Tribunal Económico-Administrativo Central, relativa a los créditos fiscales diferidos (DTAs) derivados de la absorción del Banco Popular. Si el Estado gana este recurso, se reduciría el déficit público.
