Mariano Rajoy y Felipe González: los presidentes españoles que han sido citados por un juez

En un contexto político cada vez más escudriñado por la justicia, Pedro Sánchez se ha convertido en el tercer presidente del Gobierno de España en ser citado a declarar como testigo ante un juez durante su mandato.

Esta citación surge a raíz de la investigación de la causa que se sigue por presunto tráfico de influencias contra su esposa, Begoña Gómez. Esta no es una situación única para los líderes del Ejecutivo español, ya que anteriores presidentes del Gobierno se han tenido que enfrentar a la Justicia.

La historia de presidentes españoles ante la justicia también incluye a José María Aznar y Adolfo Suárez. Aznar compareció como testigo en 2021 ante la Audiencia Nacional por la presunta ‘caja B’ del PP, en el juicio contra el extesorero del partido, Luis Bárcenas. En este juicio también declaró Rajoy. Ambos exmandatarios ya habían cesado en sus cargos para entonces.

Por otro lado, Adolfo Suárez, quien gobernó durante la Transición española, testificó en 1995 en el marco del ‘caso Banesto’, un escándalo financiero que sacudió los cimientos del sistema bancario español.

En el ámbito regional, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, también enfrentó la justicia. En 2013, Aguirre testificó por escrito desde su despacho en la investigación del ‘caso Gürtel’ relacionado con adjudicaciones públicas, en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia (LAJ).

Mariano Rajoy: su testimonio en el ‘Caso Gurtel’

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, protagonizó uno de los momentos más destacados del juicio de la primera etapa del ‘caso Gürtel’ (1999-2005) al ser citado como testigo por el juez. Este caso, que reveló un entramado de corrupción y financiación irregular en el Partido Popular (PP).

El 26 de julio de 2017, Rajoy se presentó como testigo en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, Madrid. Aunque inicialmente había solicitado declarar por videoconferencia, señalando que lo hacía por motivos del tribunal decidió que debía hacerlo de manera presencial.

Durante su declaración, Rajoy negó tener conocimiento de la financiación irregular del PP, así como cualquier implicación en la trama de corrupción. Afirmó con rotundidad que sus funciones en el partido eran exclusivamente políticas y que no manejaba asuntos económicos. “Jamás me he ocupado de cuestiones económicas en el partido”, declaró.

Durante su testimonio, Rajoy fue interrogado sobre diversos aspectos del caso. Negó haber recibido sobresueldos y cualquier conocimiento de la contabilidad B del partido. “No tengo conocimiento de la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular”, aseguró. Además, se distanció de los implicados en la trama, señalando que los responsables de las finanzas eran otras personas dentro de la organización.

Uno de los momentos más tensos de la declaración se produjo cuando fue preguntado sobre los mensajes de apoyo que envió a Luis Bárcenas, extesorero del PP y principal acusado en el caso. Rajoy admitió haber enviado mensajes de apoyo, pero argumentó que lo hizo antes de conocer la magnitud de los delitos de los que Bárcenas estaba acusado.

Aunque Rajoy se mantuvo firme en su defensa, su presencia en el juicio subrayó la gravedad de las acusaciones y el alcance de la trama Gürtel. La declaración de Rajoy, pese a sus esfuerzos por distanciarse de las irregularidades, dejó claro que la corrupción había tocado las más altas esferas del partido.

Felipe González; su testimonio en el ‘Caso Marey’ y los GAL

La presencia del expresidente del Gobierno de España, Felipe González, en el ‘caso Marey’ marcó un hito en la historia judicial y política del país. Este caso, enmarcado en las actividades de los Grupos Antiterroristas de Liberación, GAL, implicaba graves acusaciones de terrorismo de estado y secuestro. González, quien fue citado como testigo, ofreció su testimonio tanto por escrito como de manera presencial, aportando una perspectiva crucial sobre los hechos investigados.

En 1991, durante la fase de instrucción del ‘caso Marey’, Felipe González fue citado a declarar como testigo. En aquel momento, González todavía era presidente del Gobierno. Atendiendo a la citación, proporcionó su testimonio por escrito, una modalidad permitida por su posición de alto rango.

En su declaración, González afirmó no tener conocimiento directo de las operaciones de los GAL y negó cualquier implicación o autorización de actividades ilegales. «En ningún momento fui informado sobre acciones ilegales ni aprobé operaciones al margen de la ley», señaló en su escrito.

Por otro lado, en 1998, González volvió a ser llamado a declarar, esta vez de forma presencial ante el Tribunal Supremo. Para entonces, ya había dejado la presidencia y su testimonio se esperaba con gran interés y expectativas. Su comparecencia presencial representaba un momento crítico en la investigación de los GAL, un grupo paramilitar que operó durante su mandato con el objetivo de combatir el terrorismo de ETA a través de métodos clandestinos y, en muchos casos, ilegales.

Durante su testimonio presencial, González reiteró su desconocimiento sobre las actividades específicas de los GAL. Subrayó que las decisiones de seguridad y lucha contra el terrorismo se tomaban siguiendo los cauces legales y siempre dentro del marco institucional. «Mi compromiso fue siempre el de defender la democracia y el estado de derecho, sin recurrir a métodos fuera de la ley», manifestó ante el tribunal.

El ‘caso Marey’ se centró en el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés, que fue confundido con un miembro de ETA. Este error, atribuido a los GAL, puso en evidencia la existencia de operaciones encubiertas y acciones ilegales realizadas por este grupo. La investigación judicial se propuso esclarecer la cadena de mando y determinar las responsabilidades políticas y operativas detrás de estos actos.

Observando los dos casos anteriores se puede decir que en España no es la primera vez que en España un presidente del Gobierno se tiene que enfrentar a la Justicia y siempre de manera presencial. Así, si el juez Juan Carlos Peinado considera que es necesario que Pedro Sánchez tenga que asistir al juzgado para aclarar su intervención en el caso de su mujer, Begoña Gómez, deberá hacerlo como en el caso de Rajoy y Felipe González.