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El gestor aeroportuario español Aena se enfrenta a un duro golpe debido a los impagos relacionados con las primas renovables. La justicia británica ha autorizado cautelarmente el embargo del derecho de usufructo que posee sobre el aeropuerto de Luton en Londres. Esta sanción se deriva de los sucesivos impagos de España y afecta a Aena por estar controlada en un 51% por la empresa pública Enaire. La medida fue solicitada por la energética estadounidense Next Era Energy, con la que España mantiene una disputa financiera.
Litigio con Next Era Energy y las indemnizaciones
El conflicto con Next Era Energy se centra en el incumplimiento de laudos que obligan a España a pagar indemnizaciones por la retirada retroactiva de las primas renovables, valoradas en 290 millones de dólares. Ante los repetidos impagos, los tribunales británicos han autorizado este embargo como medida compensatoria.
Aena se defiende de las acusaciones
En un comunicado a la CNMV, Aena argumenta que no tiene relación con los impagos y asegura que no es parte del proceso judicial de reconocimiento y ejecución del laudo arbitral. La compañía afirma que llevará a cabo las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias tan pronto sea notificada de la decisión.
La Justicia belga también ha embargado a España
Recientemente, la justicia belga aumentó a 80 millones de euros el embargo a España por los impagos en las renovables. Inicialmente, la cifra era de 32 millones, pero aumentó tras conocerse nuevos datos de Eurocontrol. Los tribunales belgas ordenaron intervenir los pagos de Eurocontrol a Enaire, confiscando ingresos por tráfico aéreo. En total, los pagos pendientes por el servicio de gestión y manejo del tráfico aéreo en junio alcanzaron los 79,9 millones de euros.
Acumulación de deudas españolas
España ha acumulado una deuda de 1.560 millones de euros con las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta cantidad se suman 310 millones adicionales en costas e intereses de demora. La situación está afectando negativamente la imagen del país ante potenciales inversores en el sector.
Los impagos han llevado a una serie de embargos que reflejan la gravedad de la situación. Entre ellos, la confiscación del derecho de cobro de indemnización del Prestige, el embargo de la sede londinense del Instituto Cervantes, y propiedades relacionadas con oficinas del Gobierno autonómico de Cataluña. La Corte Suprema Australiana y la justicia estadounidense también analizan casos similares.
Petición para una solución negociada
Las empresas afectadas han solicitado al Gobierno que ponga fin a la situación y piden a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada. Destacan que existe una propuesta de resolución que podría poner fin a los litigios y revertir parte de las indemnizaciones en la economía española. Sin embargo, el Gobierno ha estado maniobrando legalmente para eludir estos pagos.
