El debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, pendiente desde hace más de una década, ha cobrado nueva relevancia tras el pacto entre el PSC y ERC que propone un modelo de financiación «singular» para Cataluña. Este acuerdo ha generado una fuerte oposición en otras comunidades autónomas que exigen una negociación en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para desarrollar un nuevo sistema que respete la solidaridad y sea equitativo con todos los territorios.
Reacciones y estrategias del PP
Con el gobierno central en silencio ante el acuerdo catalán, Alberto Núñez Feijóo ha decidido adelantarse convocando una cumbre para septiembre, donde los presidentes de las comunidades gobernadas por el Partido Popular (PP) buscarán consensuar una estrategia común. Este encuentro, que agrupa a regiones que representan más del 70% de la población, pretende establecer una hoja de ruta para una posible negociación oficial en el futuro. El reto es lograr un acercamiento entre las 11 autonomías del PP, que presentan diferentes visiones condicionadas por sus respectivas realidades.
Posturas de las comunidades populares
Pese a la diversidad de opiniones dentro del PP, hay un consenso claro entre sus regiones: rechazar cualquier privilegio o negociación bilateral, como la que se intenta con Cataluña, y exigir que el debate se realice en un foro común, donde todas las comunidades autónomas tengan voz. Las comunidades populares también coinciden en la necesidad de aumentar los fondos que el Estado transfiere a las regiones, mantener la autonomía fiscal, y garantizar la solidaridad para asegurar un acceso equitativo a servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación.
Algunas perspectivas regionales
- Comunidad de Madrid: Isabel Díaz Ayuso ha dejado claro que Madrid, que aporta más del 71% al Fondo de Solidaridad entre regiones, rechaza categóricamente el cupo catalán. La comunidad advierte sobre las posibles consecuencias negativas para todas las regiones si Cataluña reduce su aportación. Ayuso insiste en la necesidad de una negociación multilateral que no otorgue trato diferenciado a ninguna comunidad.
- Andalucía: el gobierno de Juanma Moreno apuesta por un modelo más simple y transparente que evite agravios. Andalucía, la comunidad con más habitantes, aboga por un sistema que tenga en cuenta la «población de derecho», aunque reconoce la importancia de factores como el envejecimiento demográfico y la dispersión. La región sostiene que el sistema actual tiene un déficit estructural de fondos que debe corregirse en la nueva propuesta.
- Comunidad Valenciana: una de las más infrafinanciadas, exige una reforma urgente del sistema. La comunidad destaca que el Estado debe inyectar más recursos para que ninguna autonomía pierda ingresos en el proceso de reforma. La propuesta valenciana aboga por un modelo más sencillo y claro, basado en una población bien calculada.
- Otras regiones: Aragón y Galicia subrayan la importancia de una negociación multilateral que respete la igualdad y la solidaridad entre todas las comunidades. Ambas regiones rechazan cualquier tipo de privilegio para Cataluña y advierten sobre las consecuencias económicas negativas que podría acarrear una financiación singular para el resto del país.
