Pedro Sánchez está considerando intervenir en el Gobierno autonómico de las Islas Canarias debido a desacuerdos sobre las medidas para abordar la entrada de inmigrantes irregulares desde África. El PSOE, junto con Sumar, podría presentar un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para solicitar la suspensión del plan de autonomías entre Canarias y el Partido Popular.
Según OKdiario, fuentes jurídicas han explicado que a través de este requerimiento: “El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá así todo el poder. Hará el requerimiento al Ejecutivo de Fernando Clavijo, esperará un mes y luego irá al Constitucional. El parlamentarismo tan racionalizado de la Constitución produce la omnipotencia del Ejecutivo, más aún desde 1986 con la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la que los políticos nombran a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.”
Además, se señala que: “Ahora, el CGPJ nombrará más de 100 jueces en audiencias provinciales, tribunales superiores de Justicia, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Esto se suma al control que Sánchez ya ejerce sobre la Abogacía del Estado y la Fiscalía.”
Sánchez planea aprobar este martes en el Consejo de Ministros un aviso que daría pie a un conflicto de competencias contra el nuevo protocolo de acogida de menores inmigrantes no acompañados implementado por el Gobierno de Canarias en coalición con el Partido Popular. Esta medida limita la acogida de menas según la disponibilidad de plazas libres en los centros y otros trámites administrativos.
El Ministerio Público acusa a Clavijo de un presunto delito de abandono de menores
La medida implementada por el Gobierno de Canarias, encabezado por Fernando Clavijo y en coalición con el Partido Popular, ha generado un conflicto con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La coalición canaria ha establecido un protocolo que limita la acogida de menores inmigrantes no acompañados, lo que ha sido criticado por el Gobierno central, que considera estas reglas inconstitucionales. Argumentan que Canarias se está atribuyendo competencias que corresponden al Estado, es decir, a Pedro Sánchez.
La tensión aumentó cuando la Fiscalía Superior de Canarias emitió un decreto criticando la medida de Clavijo y el PP. La Fiscalía sostiene que la limitación en la acogida de menores desprotege a estos menores, los discrimina y asume competencias fuera de su ámbito como comunidad autónoma. En respuesta, el Ministerio Público ha acusado al Gobierno de Canarias de incurrir en un presunto delito de abandono de menores y ha amenazado con actuar de oficio si se detectan tales delitos.
El protocolo de acogida definido por CC fue publicado el jueves pasado en el Boletín Oficial del Estado, destacando la saturación del sistema de acogida en las islas. Actualmente, hay 5.300 menores en situación irregular. El domingo pasado, Fernando Clavijo defendió la medida, argumentando que el hacinamiento en los centros no permite garantizar la seguridad de los menores que llegan a las costas canarias.
