El Gobierno de Pedro Sánchez tiene como objetivo eliminar el delito de ofensas religiosas, contemplado en el artículo 525 del Código Penal, como parte de un plan de «regeneración democrática». Esta reforma será discutida en el Consejo de Ministros, según informó el diario El País, que anticipa un acuerdo con el partido Sumar, aunque aún no estaba cerrado por completo. La reforma eliminaría las sanciones relacionadas con las ofensas a sentimientos religiosos, aunque el PSOE tiene más dudas sobre la eliminación de delitos relacionados con injurias a la Corona y a las altas instituciones del Estado, algo que Sumar también presiona para despenalizar.
En este contexto, Sumar ya había presentado anteriormente una proposición de ley para suprimir varios delitos relacionados con injurias y calumnias contra la Corona, el Gobierno, el Tribunal Constitucional, el Ejército y las Fuerzas de Seguridad. No obstante, esa iniciativa fue retirada en octubre de 2023.
El artículo 525 del Código Penal establece multas de ocho a doce meses para aquellos que públicamente, ya sea de palabra, por escrito o mediante cualquier medio, insulten a personas que profesen una religión o hieran los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa. Sánchez, por su parte, defendió el plan como una medida que «emana» de la Constitución y de las disposiciones aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, confiando en que obtendrá el apoyo de los «demócratas» del país.
Este proyecto forma parte de una agenda más amplia que busca despenalizar ciertos delitos relacionados con símbolos y autoridades del Estado, en línea con los compromisos adquiridos por la coalición gobernante.
Políticos del PSOE y Podemos son los que más incidentes contra religiosos han protagonizado
Desde 2022, los ataques a la libertad religiosa en España se incrementaron, especialmente contra la Iglesia católica. Un 75% de los 208 incidentes reportados afectaron a católicos, lo que representa un aumento respecto al año anterior. Los principales responsables de estos ataques son partidos políticos, encabezados por Podemos, PSOE e Izquierda Unida. Según el informe del Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC), estas tres formaciones fueron responsables de prácticamente la mitad de las agresiones contra la Iglesia católica en 2018. En ese año, el PSOE incrementó sus ataques de 20 a 29, superando incluso a Izquierda Unida.
El informe subraya que los partidos de izquierda han promovido un laicismo beligerante, buscando eliminar manifestaciones religiosas de la vida pública. Este laicismo se refleja en diversas acciones, como la eliminación del delito de ofensas religiosas del Código Penal, propuesta por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, o la intención de gravar los bienes de la Iglesia con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). También se registraron ataques a lugares de culto, como los ocurridos en marzo de 2022 durante las manifestaciones del Día de la Mujer.
En total, el 84% de los ataques a la libertad religiosa en 2022 afectaron a cristianos, principalmente católicos. Por tipología, se registraron 4 casos de violencia física exclusivamente contra católicos, considerados los más graves. En 2021, hubo dos casos: uno contra católicos y otro contra musulmanes.
También se contabilizaron 35 ataques a lugares de culto y símbolos religiosos: 31 contra católicos, 3 contra otros cristianos y 1 contra judíos. Esto representa un aumento del 40% en comparación con los 25 casos de 2021. Hubo 25 vejaciones a creyentes: 20 contra católicos, 3 contra cristianos, 1 contra musulmanes y 1 contra judíos. En 2021, se registraron 22 casos. Se documentaron 53 casos de escarnio a la religión: 44 contra católicos, 8 contra cristianos de otras confesiones y 1 contra judíos.
Finalmente, se produjeron 91 casos de laicismo beligerante: 56 contra católicos, 6 contra otros cristianos, 2 contra musulmanes y 27 afectaron a todas las confesiones. A pesar de ser la tipología más común de ataques a la Libertad Religiosa, el laicismo beligerante se redujo ligeramente respecto a 2021, pasando de 97 a 91 casos. La Comunidad Valenciana fue la región con más casos, en gran parte relacionados con el gobierno de coalición socialista.
El OLRC, como conclusión del informe, hace un llamado a los políticos a respetar la libertad religiosa y evitar discursos que promuevan el odio antirreligioso, destacando la importancia de este derecho fundamental en una democracia y subrayando su preocupación por la tendencia alcista.
