El Consejo de Ministros ha aprobado la adquisición por parte del fondo estadounidense BlackRock del 20,6% de la energética Naturgy, una participación que hasta ahora pertenecía al fondo de inversión GIP. La operación, confirmada por fuentes del Gobierno a RTVE, asegura que se han preservado las garantías sobre el carácter estratégico de la compañía.
Esta autorización responde a una solicitud presentada por BlackRock tras adquirir parte de la gestora de fondos GIP. El Gobierno ha destacado que la normativa vigente busca equilibrar la atracción de inversiones extranjeras con la protección de los intereses estratégicos nacionales, lo cual se ha respetado en esta transacción.
BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, deberá cumplir con las condiciones impuestas anteriormente al fondo australiano IFM, cuando este lanzó una oferta pública de adquisición, opa, parcial por el 20% de Naturgy.
Estas condiciones incluyen el compromiso de mantener a Naturgy cotizando en bolsa, a pesar de que BlackRock había considerado la posibilidad de excluirla en el futuro. Además, el Gobierno ha exigido a BlackRock que apoye la inversión de Naturgy en proyectos de transición energética en España.
Entre las exigencias de Moncloa también figura el mantenimiento del domicilio social de Naturgy en España, así como la sede efectiva de gestión y dirección de sus negocios, y la preservación de una parte significativa de la plantilla en el país. Aunque el Gobierno ha evitado revelar los detalles exactos del acuerdo, estas condiciones son clave para garantizar la estabilidad de la compañía.
La influencia de Blackrock en los gobiernos
Por su parte, CriteriaCaixa, que posee el 26,7% de Naturgy, ha reiterado su apoyo al plan de transformación de la energética, tras romper sus negociaciones con la emiratí Taqa en junio. La entidad sigue buscando socios para acelerar la transición energética de Naturgy.
Durante la crisis financiera de 2008, BlackRock fue contratada por el gobierno de Estados Unidos para gestionar activos tóxicos y asesorar sobre la reestructuración del sistema financiero. Esta relación se estrechó aún más durante la pandemia de COVID-19, cuando la Reserva Federal de EE. UU. recurrió a BlackRock para implementar programas de compra de bonos, lo que generó preocupaciones sobre posibles conflictos de interés.
En Europa, BlackRock también ha sido criticada por su papel en la formulación de políticas públicas. En 2020, la Comisión Europea contrató a la empresa para asesorar sobre las políticas de banca verde, lo que desató controversia debido a sus inversiones en industrias contaminantes, como los combustibles fósiles.
Los críticos argumentan que la influencia de BlackRock en la política pública crea un desequilibrio, dado que la empresa tiene un interés directo en muchas de las decisiones que puede asesorar. Esta proximidad a los gobiernos ha suscitado preocupaciones sobre la concentración de poder y el impacto que puede tener en la regulación financiera, que a menudo favorece los intereses corporativos por encima de los públicos.
