El pasado mes de mayo se conoció la historia de un jubilado de 71 años, Carmelo, quien deseaba recuperar su casa, la cual tenía alquilada para complementar su pensión. Sin embargo, se encontró con un grave problema: su piso estaba ocupado por dos mujeres que le deben más de 60.000 euros en alquiler.
La situación legal no ha favorecido al jubilado, ya que la Justicia ha paralizado hasta en cinco ocasiones el desalojo de estas personas, alegando su supuesta vulnerabilidad. Ante esta frustrante situación, el Gobierno ha decidido prorrogar el polémico decreto antidesahucios hasta el año que viene, lo que ha llevado a Carmelo a escribir una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para compartir su historia y la de otros afectados que forman parte de la Plataforma de Afectados por la Ocupación.
En su carta, Carmelo buscaba que Pedro Sánchez comprendiera el daño que este decreto está causando a él y a cientos de españoles en situaciones similares. Expresó cómo esta situación está creando una injusticia para propietarios como él, que se ven despojados de sus hogares y enfrentan deudas millonarias que, en muchos casos, no pueden saldar. Además, destacó el impacto físico y psicológico que la ocupación de su casa, que pertenecía a sus padres y que heredó de su padre, ha tenido en su vida. Esta casa no solo representa un activo financiero, sino también un vínculo emocional con su familia y su pasado.
Pedro Sánchez cierra los ojos ante el problema de la okupación
Carmelo ha dado una entrevista al medio Libre Mercado donde ha relatado que desde que comenzó esta okupación tiene que tomar pastillas para dormir y ha perdido mucho peso: “No consigo quitármelo de la cabeza y se me hace un nudo en el estómago que me impide comer lo que debiera”. Este jubilado al escribir la carta contemplaba la idea de que no iba a recibir ningún tipo de respuesta, pero sí que le ha respondido. Carmelo ha tildado la respuesta de “tomadura de pelo. Lo único que hace es echar balones fuera y decir que el problema es de la administración local y autonómica, y que ellos lo han hecho bien”.
Así, en esta carta Carmelo cuenta cómo después de alquilar su piso a las dos mujeres estas le presentaron unas nóminas, justificando así que podían hacer frente al pago del alquiler: “El contrato de arrendamiento que firmé en su día no me obliga a ser escudo social de esta familia”.
“Pues en mi caso me están privando de ese ingreso, porque yo tenía ese piso para completar mi pensión, y además tengo que asumir gastos por importe de 350 euros todos los meses”, denuncia Carmelo, quien no solo tiene que hacer frente a la Comunidad, los seguros y los impuestos, sino también al agua y el gas que consumen sus inquiokupas. “Solo me falta ir con el cubo de fregar y llevarles la compra todas las semanas”, ironiza Carmelo en su entrevista para Libre Mercado.
