Imagen: Varios niños esperan a las puertas de un colegio. Archivo EFE/Juan Carlos Hidalgo
La Comisión Europea ha abierto un segundo expediente de infracción a España por no aplicar la directiva de conciliación de la UE, que obliga al pago de la asignación por las dos últimas semanas del permiso parental, según ha informado el Ejecutivo comunitario este jueves. Los Estados miembro debieron transponer a sus legislaciones nacionales esta medida el pasado agosto como fecha límite.
En concreto, el plazo para hacerlo venció el 2 de agosto y ahora Bruselas abre el procedimiento de sanción que puede acabar, si el Gobierno no corrige la situación durante el proceso, con una sentencia en contra del Tribunal de Justicia de la UE y una sanción económica. De hecho, el Ministerio de Trabajo calcula que por el primer expediente abierto, España tendrá que pagar, al menos, siete millones de euros.
La directiva de conciliación entre la vida laboral y familiar, que se aprobó en 2019, marcaba un doble plazo para su trasposición a las leyes nacionales de los Estados miembros. El primero concluía el 2 de agosto de 2022 y, entre otras medidas, contemplaba “la disposición para proporcionar el derecho a dos meses de permiso parental intransferible y adecuadamente remunerado”, explica el comunicado de la Comisión. España ya no cumplió entonces y Bruselas puso en marcha el primer procedimiento de infracción. El Gobierno hizo cambios legales y eso suspendió el expediente, pero las modificaciones no fueron suficientes y se reabrió en julio.
Cuando se puso en marcha ese expediente, que ya ha llegado a los tribunales, Bruselas pidió una sanción económica de 9.760 euros diarios desde el incumplimiento de la transposición de la directiva y nunca menos de 6,8 millones de euros. A esto se sumará, desde el momento en el que exista una sentencia del Tribunal General o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea una extensión de la multa “de 43.920 euros diarios desde la fecha de la sentencia en el presente procedimiento hasta que el Reino de España cumpla con su obligación”.
Justo dos años después del primer plazo vencía el segundo, el que se recoge la obligación de fijar un permiso parental de dos semanas retribuidas al final del periodo, y es por este por el que se abre ahora un nuevo expediente. Abrir expediente es la primera amonestación de la Comisión Europea a un Estado miembro cuando no aplica una norma europea. En este punto, el Ejecutivo de la Unión da dos meses de plazo para que el Estado corrija la situación o explicarla. Si esta respuesta no convence en Bruselas, el siguiente paso consiste en emitir una opinión razonada y demandar una opinión razonada. Y si tampoco en esta ocasión el Gobierno de turno convence, la Comisión demanda al Estado ante los tribunales.
El Gobierno quita importancia al asunto
Fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y del de Trabajo han asegurado a Europa Press que han insistido a su socio de Gobierno «por todos los cauces, formales e informales», que la situación «no es de recibo» y que «penaliza de forma grave» a las familias de España. «No es de recibo que las familias de nuestro país no tengan los derechos de conciliación mínimos que Europa exige», han lamentado.
En este sentido, ambos ministerios han recordado que es una cuestión que está en el Acuerdo de Gobierno y que deben llevarla a cabo «de inmediato», sin esperar a los Presupuestos Generales del Estado: «hay que garantizar la ampliación de los permisos retribuidos y de los permisos de nacimiento para cumplir de una vez con la directiva».
