Desde el Servicio de Salud de Baleares han negado que el anterior gobierno autonómico les hubiese informado de la existencia de una reclamación en trámite por la compra de mascarillas defectuosas.
El principal contraargumento del equipo de Francina Armengol, actual presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, ante las acusaciones de corrupción que durante estas semanas ha proferido el Partido Popular era que durante la gestión del PSOE se había iniciado un procedimiento de reclamación contra la empresa a la que compraron un lote de mascarillas que resultaron tener unas condiciones por debajo del estándar de protección FFP2 y que, tras el cambio de gobierno a favor del PP, estos no habían continuado con dicho procedimiento.
Ahora, el director del Servicio de Salud de Baleares, Javier Ureña, contradice esta versión negando que el anterior gobierno autonómico, liderado por Armengol, informara al actual Ejecutivo de Marga Prohens, del PP, sobre la reclamación presentada contra la empresa que suministró mascarillas defectuosas durante la pandemia.
Según informaciones de Europa Press «en ninguna de las dos reuniones» que tuvieron ambas administraciones para el traspaso de la Consejería de Salud fueron informadas «de este caso». Ni tampoco se menciona en ninguna de las 600 páginas del documento de traspaso del Servicio de Salud.
Ureña ha explicado que el informe de propuesta de reclamación contra la empresa Soluciones de Gestión SL fue realizado el mismo día en que Marga Prohens fue investida presidenta de Baleares. «La reclamación se inicia el día 24 de agosto, yo mismo firmo la resolución dirigida por el Gobierno de Baleares», ha señalado.
Vía administrativa o vía penal
El director del Servicio de Salud ha expresado su preocupación por el caso, el nuevo Gobierno está tratando de recuperar «el montante global de la operación», si bien Ureña ha admitido que «es complicado en la línea administrativa».
«Ese proceso de reclamación solo permitiría recuperar 2,6 millones y lo que pretendemos, a la vista de las últimas noticias, evidentemente, es recuperar el contrato. Y que se devuelva a los ciudadanos de Baleares los 3,7 millones que son suyos», indicando que se utilizará la vía penal para conseguir los fondos desembolsados.
