El 4 de octubre de 2023, dos de los futuros detenidos en la Operación Delorme, conocida como el caso Koldo, regresaron de Venezuela a España a bordo de un vuelo de Air Europa. Este hecho adquiere relevancia debido a que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga, en sus informes presentados ante la Audiencia Nacional, las conexiones entre esta trama corrupta, que involucra a miembros del Gobierno, y la compraventa irregular de mascarillas. Además, se estudia la posible financiación de estas actividades por parte de empresarios venezolanos.
Entre los pasajeros del vuelo se encontraba Ignacio Díaz Tapia, socio del supuesto líder de la trama, Víctor de Aldama, y Dino di Lanni, director financiero de Duro Felguera. Curiosamente, tanto Duro Felguera como Air Europa fueron rescatadas por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia. También viajaba Rubén Villalba, un guardia civil que, tras ser detenido, se ha vinculado a esta organización criminal, de la cual habría recibido pagos ilícitos de hasta 2.000 euros mensuales.
Los investigadores destacan que el 28 de septiembre de 2023, Tapia, Villalba y Dino coincidieron en un vuelo de Air Europa que conectaba Madrid con Caracas. Lo que añade más gravedad al asunto es que los billetes fueron proporcionados sin coste, y los pasajeros solo pagaron las tasas aeroportuarias. Además, los detenidos fueron acompañados por un empresario venezolano que no era Luis Gerardo Huiza, socio de la empresa Pronolab, quien cubrió los gastos de alojamiento en un hotel de Caracas durante su estancia.
Poco después de este viaje, Rubén Villalba fue nombrado agregado de Interior en la embajada española en Caracas. Aunque un nombramiento de este tipo no sería notable en circunstancias normales, la situación cambia drásticamente debido a que Villalba fue arrestado tras su viaje, por su implicación en la trama corrupta encabezada por Víctor de Aldama. La trama está bajo investigación del juez Ismael Moreno, quien le imputa cargos de cohecho y pertenencia a una organización criminal.
El nombramiento de Villalba como agregado en Caracas provocó polémica, especialmente porque su historial en la Guardia Civil no presentaba méritos excepcionales que justificaran tal puesto. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que defender esta decisión ante las crecientes críticas. Para hacer espacio a Villalba, Marlaska cesó al teniente coronel Santiago Ramón Alonso Pradillo, un agente muy respetado en su posición y quien había servido con distinción durante cinco años en Venezuela bajo tres embajadores distintos.
A pesar de su detención en el marco de la investigación judicial del caso Koldo, Villalba quedó en libertad, pero con restricciones. Entre las medidas impuestas, se incluyeron la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir del país mientras continuaba la investigación.
Este caso ha complicado aún más la situación política para el Gobierno de Pedro Sánchez, que sigue enfrentando acusaciones de corrupción vinculadas a sus decisiones durante la pandemia y la presunta participación de altos funcionarios en actividades ilícitas.
