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El Gobierno de España enfrenta un complejo entramado parlamentario que dificulta la aprobación de su reforma fiscal para 2025. Tras haber abandonado su propuesta inicial de un impuesto permanente a las energéticas, pactada en los acuerdos de investidura, para asegurar el apoyo de Junts y PNV a su paquete fiscal, la administración ahora se encuentra ante el rechazo de estos mismos partidos a su propuesta estrella: un impuesto del 8% sobre seguros de salud privados. Esta medida, acordada previamente con Sumar, pretendía reflejar la intención del socio de coalición de eliminar incentivos fiscales a la sanidad privada.
Un acuerdo gubernamental que dura poco
El consenso entre el PSOE y Sumar sobre esta reforma impositiva apenas se mantuvo en pie 24 horas. Desde el inicio, se sabía que el IVA del 21% propuesto para los pisos turísticos requería el visto bueno de la Comisión Europea y que la imposición fiscal a los seguros médicos privados podía encontrar oposición. Junts, de hecho, había celebrado públicamente el freno a este impuesto y al de las energéticas, aunque el Gobierno aún trataba de mantener en pie la medida.
Este martes, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, expresó su malestar con el acuerdo entre PSOE y Sumar sobre los incentivos a la sanidad privada y advirtió que el proyecto de ley que los incluye tiene pocas posibilidades de avanzar. Según Esteban, la falta de consenso dentro del Gobierno y las exigencias contradictorias entre sus socios hacen que sea «muy complicado o imposible» que el dictamen del proyecto prospere en su votación en la Comisión de Hacienda.
Nueva estrategia para evitar el fracaso legislativo
Recientemente, el PSOE y Sumar pospusieron la votación en la Comisión de Hacienda de una ley fiscal que establece una tributación mínima a multinacionales, lo cual aún cuenta con cierto consenso. Sin embargo, el acuerdo del Gobierno con Junts y PNV para mantener el impuesto a la banca y retirar el de las energéticas contrasta con las exigencias de ERC, Bildu, Podemos y Sumar de mantener ambos impuestos.
Esteban describió la situación entre el Gobierno y sus socios de izquierda como un «galimatías» y consideró que las enmiendas propuestas por Bildu y ERC distorsionan el proyecto de ley original. Para el portavoz del PNV, las empresas energéticas ya enfrentan impuestos mínimos por una directiva europea, y darles subvenciones para la descarbonización mientras se les carga con nuevos impuestos resulta incoherente. Por su parte, ERC y Bildu reiteraron su intención de exigir la inclusión de ambos impuestos en la ley.
Tensión dentro del Gobierno y posibles ajustes
Sumar, que aceptó excluir el impuesto a las energéticas de su acuerdo con el PSOE, se muestra incómodo ante la situación actual. Txema Guijarro, secretario general de Sumar, afirmó que mantienen activa su enmienda sobre el impuesto a las eléctricas, mientras que Aina Vidal, portavoz adjunta, reconoció que el acuerdo con los socialistas es «mejorable» y pidió a sus socios aumentar la presión.
Fuentes del Gobierno descartan retirar el proyecto de ley pese a la falta de apoyos, aunque no excluyen la posibilidad de posponer la Comisión de Hacienda prevista para el jueves.
