La esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, enfrenta cada vez más cuestionamientos y presiones debido a su falta de cooperación con la Justicia y la Universidad Complutense de Madrid en investigaciones que la señalan por posibles delitos de apropiación indebida y mala gestión. La Fiscalía, que ha añadido nuevos cargos a su expediente, y el creciente descontento en la opinión pública, han puesto a Gómez en el centro de un escándalo que sigue en aumento.
Investigaciones y nuevas imputaciones
La Fiscalía ha incrementado la presión sobre Gómez al añadir recientemente dos nuevos cargos en su contra, ambos relacionados con su rol como directora de una fundación asociada a la Universidad Complutense de Madrid. Según el juez encargado, las investigaciones apuntan a que la implicación de Gómez no se limita únicamente a irregularidades en la gestión, sino que también podría haber abuso de su posición para influir en contratos y proyectos en beneficio propio. En esta línea, el juez Juan Carlos Peinado la citó a declarar el próximo 18 de diciembre. La reciente imputación de nuevos cargos ha reforzado la postura del Ministerio Público de profundizar en la investigación y exigir explicaciones de Gómez, quien ya ha retrasado su comparecencia en varias ocasiones.
Exenciones de comparecencia y viajes al extranjero
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Gómez ha evitado comparecer ante la Justicia en reiteradas ocasiones. Esta situación se ha visto agravada por su reciente solicitud para viajar a Brasil, lo que ha despertado críticas entre los sectores políticos y mediáticos. A pesar de estar imputada, el juez Peinado autorizó su viaje, lo cual fue interpretado por varios medios y actores políticos como una muestra de favoritismo y trato diferencial hacia Gómez, debido a su relación con Pedro Sánchez. Las fuentes judiciales señalan que esta excepción representa un comportamiento inusual para alguien bajo investigación por múltiples cargos, permitiendo que Gómez evada sus responsabilidades ante la Justicia.
El entorno de Begoña Gómez ha defendido esta decisión alegando que su viaje a Brasil responde a compromisos laborales con su fundación y que su ausencia no afecta el curso de las investigaciones. Sin embargo, los sectores críticos consideran que esta postura refleja un intento de dilatar las pesquisas judiciales y evitar enfrentar las acusaciones. La falta de comparecencia ha sido calificada como un acto de desafío por parte de Gómez, quien ha evitado presentarse en las fechas acordadas, lo que sugiere una actitud de desprecio hacia las normas procesales.
Rechazo a comparecer en la Comisión de Investigación
La comparecencia de Begoña Gómez en la comisión impulsada por el PP busca esclarecer si la Universidad Complutense le otorgó algún «trato de favor» para que ocupara el cargo de codirectora en una cátedra y en dos másteres duró apenas una hora, en la que la investigada se negó a comparecer, acogiendose a su derecho a ello, pero dejando 50 preguntas sin contestar, lo que poco ayuda en su defensa.
La comisión de la Asamblea tiene como objetivo esclarecer los manejos financieros de Gómez en su papel como directora de una fundación asociada a la Complutense, ante la creciente preocupación sobre los posibles desvíos de fondos en proyectos con financiación pública. Sin embargo, Gómez declinó su comparecencia, lo que, para algunos, refuerza la percepción de que intenta evitar dar explicaciones ante la ciudadanía y sus representantes.
La falta de cooperación de Gómez con la Justicia ha generado un amplio debate político. Desde la oposición, especialmente desde el Partido Popular, se ha condenado el supuesto trato favorable que Gómez podría estar recibiendo en los juzgados, y han solicitado que las instituciones judiciales actúen sin favoritismos. La portavoz del PP ha subrayado que el caso de Gómez demuestra la necesidad de asegurar que las leyes se apliquen de manera igualitaria a todos los ciudadanos, sin importar su estatus o vínculos.
Además, organizaciones de transparencia y ciudadanos preocupados por la ética en la gestión de fondos públicos han intensificado sus críticas hacia Gómez, exigiendo que rinda cuentas ante la Justicia y ante las instituciones que ha evitado en repetidas ocasiones. En redes sociales y foros de debate público, se han creado campañas pidiendo que las investigaciones se lleven a cabo sin retrasos y que Gómez asuma las consecuencias de su gestión en la fundación.
