Durante la sesión parlamentaria del pasado jueves, la ministra de Trabajo Yolanda Díaz anunciaba que la Inspección de Trabajo está actuando, y seguirá haciéndolo con “contundencia”, contra las empresas que decidieron mantener su producción en medio de la DANA, exponiendo a sus trabajadores a condiciones de riesgo extremo. Durante su intervención en el Congreso, Díaz condenó enérgicamente la postura de las compañías que, en medio de las recomendaciones de las autoridades de limitar desplazamientos y garantizar la seguridad, decidieron que sus empleados debían acudir al trabajo.
En concreto, la Inspección de Trabajo ha recibido alrededor de 80 denuncias de abusos empresariales en la Comunitat Valenciana. Se trata de denuncias formales y de comunicaciones al Buzón de Lucha contra el Frauda del organismo público vigilante de la legalidad laboral. “Es muy grave que empresas estén dispuestas a poner en riesgo la vida de sus trabajadores no sé con qué objetivo”, ha denunciado la vicepresidenta segunda.
Multas que pueden llegar casi al millón de euros
Según la normativa, los empleadores tienen la obligación de adaptar o suspender la actividad en caso de riesgos graves para la salud de los trabajadores. El incumplimiento de estas normas puede ser sancionado con multas que oscilan entre 2.451 y 49.180 euros por infracciones graves, y que pueden alcanzar hasta 983.736 euros en casos muy graves.
Tras la catástrofe del 29 de octubre, con al menos 216 personas fallecidas en la Comunitat Valenciana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) volvía a lanzar esta semana varios avisos rojos, de “riesgo extremo” por lluvias, en puntos de Andalucía, Catalunya y la Comunitat Valenciana.
Ante la alerta roja, Yolanda Díaz ha destacado que “se puede no acudir al puesto de trabajo” si está en riesgo de salud. A las empresas, el Ministerio de Trabajo les recordaba que debían suspender la actividad o adaptarla cuando no fuera seguro que sus empleados se desplazaran para prestar sus servicios. Y mandaba un mensaje a las plantillas en caso de falta de medidas preventivas en sus centros de trabajo: “Si tu empresa no respeta los derechos, denuncia”.
Mazón autoriza el desplazamiento de trabajadores de supermercados
Este jueves el Ministerio de Trabajo ha cargado también contra la Generalitat Valenciana por autorizar el desplazamiento de trabajadores de supermercados pese a haberse decretado la alerta roja de la AEMET. El Gobierno de Carlos Mazón incluyó esta actividad, “la distribución de alimentos”, como uno de los “servicios esenciales” que podían exceptuar las restricciones de movilidad decretadas por la propia Comunitat.
Trabajo ha mostrado su “profundo rechazo” a esta orden de la Generalitat y ha destacado que no debería aplicarse, puesto que debe prevalecer la legalidad laboral estatal. “No hay ninguna orden que puedan impedir el respeto de los derechos laborales de nuestro país. Quiero ser clara: ninguna orden de ninguna administración pública puede contrarrestar los derechos que están instalados en la legislación española en el artículo 21 y artículo 14 [de la Ley de Prevención de riesgos laborales]”, ha sostenido Yolanda Díaz, que ha anunciado una “orden interpretativa” sobre este asunto.
