La Confederación Hidrográfica del Júcar, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica liderado por Teresa Ribera, ha adjudicado de manera directa el mayor contrato de su historia. Esta decisión, justificada como una medida urgente tras las devastadoras inundaciones del pasado 29 de octubre, ha creado suspicacias por las empresas beneficiadas y las sombras de corrupción que las rodean.
La urgencia como bandera
Las riadas del 29 de octubre dejaron un saldo trágico de 224 fallecidos y decenas de miles de damnificados, marcando uno de los episodios más devastadores para la región. Entre las infraestructuras afectadas, destacan los acueductos de la Horteta y el Poyo, cuya reconstrucción se ha vuelto prioritaria para restablecer el suministro de agua en Valencia y su área metropolitana. La Confederación Hidrográfica del Júcar ha adjudicado estos trabajos a Aguas de Valencia y Torrescamara, mediante un contrato que alcanza los 25,7 millones de euros (31 millones con IVA). Las obras incluyen también actuaciones en el río Magro y la presa de Forata, con una inversión adicional de seis millones de euros. Estas cifras, históricamente altas para el organismo, contrastan con años de escasas inversiones en mantenimiento fluvial.
Constructoras bajo sospecha
Torrescamara, una de las adjudicatarias, no es nueva en el radar de la polémica. Junto a Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), su historial incluye un contrato de 97 millones de euros para construir un tramo de la A-12, que ha sufrido reiterados retrasos y un sobrecoste de al menos 12,6 millones. Además, ambas empresas han sido vinculadas a un presunto caso de corrupción durante la gestión de José Luis Ábalos como ministro de Fomento. Según investigaciones, el constructor José Ruz, propietario de LIC, habría transferido 70.000 euros a cuentas vinculadas a Víctor de Aldama, un comisionista ligado al entorno de Ábalos, poco antes de adjudicarse contratos millonarios. Estas prácticas cuestionan la transparencia en los procesos de contratación pública y ahora tiñen de dudas la nueva adjudicación de la Confederación del Júcar.
Aguas de Valencia, adjudicataria del lote más grande por 15 millones de euros, tendrá el desafío de restituir el suministro interrumpido y asegurar la estabilidad de infraestructuras clave. Sin embargo, la ejecución de estas obras no contará con financiación europea, sino que se cubrirá con fondos propios de la Confederación. La decisión de realizar estas adjudicaciones «sin publicidad» ha sido defendida como necesaria por la emergencia, pero ha generado críticas por la falta de transparencia.
El desbordamiento del río Magro y otras zonas afectadas expusieron años de desidia en el mantenimiento de las cuencas fluviales. Mientras la Confederación del Júcar destinaba recursos a reformas de sedes y nóminas, las infraestructuras fluviales quedaban relegadas. Ahora, la tragedia ha obligado a tomar medidas que podrían haberse evitado con una gestión más diligente.
