El Partido Popular (PP) sigue avanzando en su objetivo de derogar las leyes de Memoria Histórica que rigen en diversas comunidades autónomas, una medida que ha generado polémica. Recientemente, se han dado varios pasos clave en distintas regiones, en las que el PP lidera iniciativas que buscan un enfoque más equilibrado y plural sobre la memoria histórica en España, tratando de avanzar hacia una convivencia democrática que integre todas las perspectivas del pasado reciente de España.
Baleares
En las Islas Baleares, el PP ha decidido votar a favor de la derogación de la Ley de Memoria Democrática autonómica, una medida acordada con Vox en el marco de un pacto de investidura que permitió la llegada al poder de la popular Marga Prohens como presidenta del Gobierno regional. Aunque la derogación no estaba en el programa electoral del PP, la portavoz parlamentaria del partido, Marga Durán, ha defendido que esta decisión responde a que el partido considera no esencial, ya que los aspectos fundamentales están recogidos en la ley estatal y en la normativa balear de fosas. La portavoz parlamentaria del PP balear, Marga Durán, destacó que esta decisión busca evitar duplicidades normativas, garantizando que los derechos y necesidades de las víctimas sigan protegidos.
Durán recordó que Vox rompió unilateralmente el acuerdo de legislatura, dejando al PP en libertad de acción. A pesar de ello, los populares han mantenido su intención de derogar una normativa que, según argumentan, se utilizaba de manera partidista para moldear la memoria histórica en beneficio de ciertos sectores políticos. Este enfoque busca reconciliar a la sociedad española y avanzar hacia un relato histórico plural y generoso, dejando atrás las narrativas simplistas y polarizantes que imperan hoy.
Cantabria
En Cantabria, el PP ha dado un primer paso hacia la derogación de la Ley de Memoria Histórica y Democrática, con los votos de PP y Vox, el Parlamento regional aprobó la toma en consideración de la propuesta para derogar la ley aprobada en 2022 bajo el Gobierno regional de PRC y PSOE. Desde la bancada popular ddefiendenefinden que la ley aprobada en 2022 no contó con el consenso necesario y que su existencia ha generado división y enfrentamiento
Íñigo Fernández, portavoz popular, aseguró que la ley había establecido «víctimas de primera y de segunda», favoreciendo a aquellos que se oponían al golpe militar y defendió que la derogación de esta ley favorecerá la convivencia en la región, evitando la división que, según el PP, generan normativas que privilegian un relato histórico unilateral.
Leticia Díaz, portavoz de Vox, respaldó la propuesta, destacando que las leyes de memoria histórica en vigor «provocan el rencor y la división entre los españoles». Ambas formaciones coincidieron en la necesidad de una legislación que fomente la reconciliación y respete la memoria de todas las víctimas.
Extremadura
En Extremadura, la Ley de Memoria Histórica y Democrática de 2019 se ha convertido en un nuevo frente político, con Vox utilizando su posición en la Asamblea para presionar al Gobierno de María Guardiola (PP) en plena negociación de los presupuestos autonómicos de 2025. Vox, que rompió su pacto con el PP el pasado verano, ha registrado una propuesta de Ley de Concordia que busca derogar la normativa actual y marcar un cambio de rumbo en la política de memoria histórica de la región.
Castilla y León
En las Cortes de Castilla y León, el PP rechazó su propia proposición de ley de concordia, pactada con Vox, en lo que algunos interpretan como un punto de inflexión en su relación con los de Abascal. El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, calificó el voto en contra del PP como una «pinza» contra su partido, acusando a los populares de intentar ganar el favor del PSOE, mientras que desde el PP se apeló a la prudencia y a un informe legal ante posibles recursos del Gobierno.
El PP, como líder en el debate sobre la memoria histórica, ha votado en contra de la toma en consideración de la Ley de Concordia, priorizando la prudencia ante un posible recurso del Gobierno central, evitando conflictos legales que podrían haber paralizado la norma, como ocurrió en Aragón.
Óscar Reguera, portavoz del PP en las Cortes, explicó que la decisión responde a un análisis responsable de la situación, resaltando que la Constitución y la concordia son pilares fundamentales para el partido.
Lluvia de críticas de la oposición
En todos estos casos, las iniciativas han contado con el rechazo de los partidos de izquierda, como el PSOE y el PRC, que critican la intención de reescribir la historia desde una perspectiva parcial y sectaria. Los detractores de la derogación sostienen que estas leyes han sido fundamentales para la reparación de las víctimas de la dictadura y que su eliminación supone un retroceso en los avances logrados en la memoria histórica.
El PP y Vox han insistido en que su objetivo es promover una «reconciliación» y evitar la «manipulación histórica», aunque la propuesta de eliminar las leyes de memoria histórica sigue siendo una de las principales fuentes de enfrentamiento en el panorama político español. Las próximas semanas serán claves para ver cómo avanza este proceso normativo en otras comunidades autónomas.
