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En pleno cierre del año, Junts per Catalunya acelera las negociaciones con el Gobierno para consolidar un acuerdo que permita a la Generalitat asumir competencias en materia migratoria. Esta estrategia, que busca justificar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, refleja el interés del partido independentista en fortalecer su posición política.
Durante la sesión de control en el Parlament, el president Salvador Illa destacó avances en las conversaciones. “Parece que tendremos las competencias pronto”, señaló con optimismo. Fuentes de Junts en el Congreso sostienen que “hay margen para el entendimiento”, mientras se trabaja para cerrar los detalles antes de que termine el año.
Un giro en el discurso migratorio
Los independentistas han endurecido su retórica sobre inmigración, vinculándola incluso a temas de seguridad. Jordi Turull, secretario general de la formación, subrayó la necesidad de que Cataluña decida sobre la expulsión de multirreincidentes: “Esto debe ser competencia nuestra”. Según datos de Idescat, un 22,4% de los catalanes han nacido en el extranjero, lo que el partido considera un desafío para la “cohesión cultural” de la región.
En su congreso en Calella, la formación abogó por que la Generalitat y los Mossos d’Esquadra sean las principales autoridades para gestionar la inmigración. Además, plantearon como requisito para renovar permisos de residencia y trabajo que los inmigrantes acrediten conocimientos de catalán, vinculando esta medida a la preservación de la “catalanidad”.
Competencias en el limbo: un año de indefiniciones
En enero, Junts anunció que había alcanzado un acuerdo con el Gobierno para la cesión de competencias migratorias. Sin embargo, el contenido del pacto sigue siendo ambiguo. La propuesta incluye la creación de una agencia catalana con poderes para gestionar flujos migratorios, pero las discrepancias surgen en aspectos clave, como la concesión de permisos de residencia y la relación con las fronteras del Estado.
La negociación enfrenta un choque entre las demandas de los independentistas y la postura del Ejecutivo central, que insiste en que la gestión de las fronteras y la migración irregular corresponde a la Administración del Estado. Mientras tanto, el partido catalán centra su estrategia en lograr la transferencia de la gestión de permisos de regularización, condicionados a requisitos lingüísticos y culturales.
Tensiones en la negociación
Jordi Turull y Míriam Nogueras bajo las directrices de Carles Puigdemont, han defendido un traspaso «integral» de competencias. Aunque Pedro Sánchez matizó que las políticas de migración irregular están en manos del Estado, el partido ha insistido en utilizar este acuerdo como bandera de sus capacidades negociadoras.
Con los Presupuestos Generales del Estado en juego y la necesidad del apoyo de los siete diputados de Junts en el Congreso, el partido busca cerrar el año con un balance favorable, consolidando su discurso político en torno a la defensa de la identidad catalana y su capacidad de influencia en Madrid.
