Con solo un mes para que concluya el año 2024, el Gobierno español ha ejecutado apenas el 17,7% de los fondos europeos Next Generation asignados en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para este año. Esta cifra, publicada por la Intervención General de la Administración del Estado , se traduce en pagos por 6.436 millones de euros, dejando sin utilizar el 82% de los 36.249 millones previstos.
El ritmo de ejecución se mantiene alarmantemente bajo, lo que posiciona al 2024 como el peor año en la gestión de estos fondos desde la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Resiliencia en 2021. En comparación, en ese primer año se logró ejecutar el 46% de los fondos comprometidos, cifra que cayó al 40% en 2022 y al 27% en 2023. Hasta octubre de este año, la ejecución ha alcanzado solo el 18%, dejando pocas esperanzas de superar el decepcionante rendimiento del año anterior.
En octubre, los ministerios de Ciencia e Innovación, Derechos Sociales y Transformación Digital registraron los mayores desembolsos, contribuyendo con un total de 1.400 millones de euros adicionales. Entre las transferencias destacadas se encuentran 285 millones para la Agencia Estatal de Investigación, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, y el Centro de Supercomputación de Galicia. Asimismo, Derechos Sociales destinó 562 millones a programas como equipamientos para cuidados de larga duración y transformación tecnológica de los servicios sociales.
Sin embargo, otros ministerios muestran cifras preocupantemente bajas. El Ministerio de Industria ha gastado solo 519 millones de los 7.868 millones asignados, mientras que Transportes ha utilizado 488 millones de los 2.565 millones disponibles, principalmente en proyectos ferroviarios. Transición Ecológica, una pieza clave del plan, apenas ha ejecutado 374 millones para iniciativas como la Estrategia de Economía Circular y la aplicación de normativas de residuos.
Desfase entre adjudicación y ejecución
Según los datos de la plataforma Elisa, una herramienta no oficial del Ministerio de Economía, hasta el 31 de octubre se habían adjudicado 44.163 millones de euros, lo que representa el 58,5% de los 79.854 millones asignados a España hasta la fecha. Sin embargo, esta cifra contrasta con los 38.531 millones efectivamente transferidos desde 2021, revelando un desfase de 5.631 millones entre lo adjudicado y lo pagado. Este retraso se debe tanto a la naturaleza orientativa de Elisa como a los lapsos inherentes al proceso de transferencia de fondos hasta los adjudicatarios finales.
Aunque los fondos que no se ejecuten este año se acumularán para ejercicios futuros, el plazo definitivo para gastar los Next Generation termina en agosto de 2026, lo que pone en riesgo la utilización plena de los 160.000 millones disponibles para España. Además, los proyectos no abonados deberán incorporarse nuevamente en los PGE de 2025, complicando la planificación presupuestaria y la ejecución de inversiones clave.
