El debate sobre la transparencia en la contratación pública ha vuelto a cobrar fuerza. Datos recientes revelan que durante el mandato de Pedro Sánchez en La Moncloa, una de cada seis grandes adjudicaciones supera el umbral del contrato negociado sin publicidad, una práctica que restringe la competencia y pone en tela de juicio la igualdad de oportunidades entre las empresas licitadoras.
Según un análisis realizado por THE OBJECTIVE, los contratos otorgados sin publicidad, que deberían ser la excepción, han adquirido un protagonismo preocupante. Desde junio de 2018, este mecanismo ha sido utilizado en el 12,7% de las adjudicaciones que superan los dos millones de euros. En el caso de contratos por encima de 50 millones, el porcentaje escala al 16%, consolidando la figura del contrato a dedo como una práctica recurrente.
Una competencia limitada y dirigida
Los procedimientos negociados sin publicidad permiten a los órganos de contratación invitar a un mínimo de tres empresas a participar. Sin embargo, esto no garantiza un número suficiente de ofertantes. En promedio, solo 1,2 licitadores compiten por estos contratos, frente a las más de tres candidaturas observadas en procedimientos con publicidad. La consecuencia directa es una menor capacidad para reducir los costes y mejorar la calidad de los servicios contratados.
Además, los expertos en contratación pública advierten que las condiciones de los pliegos suelen estar diseñadas para beneficiar a ciertas empresas. Una sola cláusula puede excluir a miles de pymes, dejando el terreno abierto a grandes corporaciones. Este sesgo también afecta de manera desproporcionada a los contratos tecnológicos, donde las complejidades técnicas facilitan la selección discrecional de empresas.
El caso de Red.es y los contratos dirigidos
Uno de los ejemplos más ilustrativos es el de los contratos adjudicados por Red.es, una entidad clave en la digitalización del país. Los informes apuntan a la influencia de recomendaciones previas en la elección de los beneficiarios. Específicamente, la presunta intervención de Begoña Gómez, esposa del presidente, ha sido señalada como determinante en la concesión de contratos millonarios a empresas vinculadas a su ámbito profesional.
En los últimos 12 meses, el valor total de las adjudicaciones con un solo licitador superó los 6.500 millones de euros, duplicando los umbrales establecidos por la Comisión Europea. Este organismo subraya que una mayor participación en las licitaciones no solo promueve la transparencia, sino también garantiza una mejor relación calidad-precio.
Por el contrario, la realidad española se caracteriza por el abuso de los contratos menores, las adjudicaciones con criterios subjetivos y la escasa participación de pymes. Estas prácticas han contribuido a una percepción de opacidad que sitúa a España entre los países con peor desempeño en transparencia en contratación pública, según los últimos indicadores de la Comisión Europea.
Las irregularidades en la contratación pública no solo afectan la confianza de los ciudadanos en las instituciones, sino también tienen consecuencias legales. El presunto enriquecimiento de empresarios como Víctor de Aldama y sus socios, a través de amaños y presiones a responsables públicos, pone de manifiesto la vulnerabilidad del sistema.
