Los Estados Unidos a pesar del gasto que destina a sanidad, el 18 por ciento de su Producto Interior Bruto -casi el doble del destinado por otra nación desarrollada- ocupa el puesto más bajo en atención sanitaria. La insatisfacción de los estadounidenses con sus aseguradoras médicas que se ha puesto de relieve tras el asesinato de Brian Thompson, el exitoso CEO de United Healthcare, ha mostrado un estado de opinión larvado. Los medios de comunicación se han hecho eco de denuncias de colectivos particulares y las RRSS se han polarizado en contra de las aseguradoras, algo que se ha interpretado como una demostración de una frustración colectiva, desde hace mucho tiempo. Desde hace tiempo los medios han venido recogiendo las disfunciones provocadas por las aseguradoras sanitarias asociándolas a su deseo de incrementar sus beneficios. En octubre pasado, un informe del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. puso de manifiesto que la tasa de denegación de tratamientos médicos de UnitedHealthcare para el cuidado post-agudo de personas con planes Medicare Advantage llegó al 22,7 por ciento en 2022, mientras que en 2020 esa tasa fue del 10,9 por ciento.

Una investigación de STAT, un medio digital de noticias especializado en la atención médica ha publicado una serie de artículos de investigación sobre UnitedHealth, en el que se demuestra que esta aseguradora presionó a los empleados para que siguieran un algoritmo para cortar la atención de rehabilitación de los pacientes de Medicare. En este escenario instituciones como la American Cancer Society, da instrucciones sobre cómo actuar “si su plan médico deniega su reclamación” porque tal y como denuncian los pacientes, tras el shock de recibir un diagnóstico de cáncer la primera acción es conseguir que tu aseguradora cubra el tratamiento, de no ser así y lo deniegan, se abre un proceso de alegaciones contra la decisión de la compañía.

Las aseguradoras, en EE. UU., pueden negarse a financiar una prueba, un procedimiento o un servicio. Y mientras, tal y como le sucedió a Arete Tsoukalas (Indiana), de 26 años, cuando le diagnosticaron leucemia tuvo que pelear con su aseguradora que se negaba a pagar el tratamiento. Mientras luchaba contra el cáncer desde el hospital en el que debía recibir la medicación, discutía con la compañía de su póliza de salud, que le obligaba a pagar un copago mensual de 13.000 dólares, que no tenía. Hacía poco tiempo que se había graduado en la universidad. Tuvo que esperar tres meses hasta que consiguió que el fabricante del medicamento, a través de su programa de asistencia, se lo facilitara.

Luchar contra el cáncer y contra las aseguradoras

“Nadie debería tener que luchar contra el cáncer y el seguro al mismo tiempo”, declaró a CNN Tsoukalas, que en la actualidad estudia Derecho. Aunque su proceso oncológico

está en fase de remisión insiste en que el sistema sanitario estadounidense es “muy cruel”. Denuncia que “vivimos en un país en el que las personas son verdaderamente derrotadas cuando están en su punto más débil y vulnerable, tanto física como emocionalmente”. Desde que Brian Thompson fue acribillado a balazos, en el centro de Manhattan, no solo ha habido declaraciones en medios de comunicación de afectados por la gestión de la sanidad de las aseguradoras. Las redes sociales se han llenado de experiencias de ciudadanos anónimos que con publicaciones y videos han ilustrado denegaciones de tratamientos médicos y reclamaciones, así como otras situaciones sufridas en la petición de prestación sanitaria.

Andrew Vitti, presidente de UnitedHealth Group, la empresa matriz de United Healthcare, en un artículo publicado el pasado viernes, 13 de diciembre en The New York Times admitió “la frustración de la gente” con el sistema sanitario de EE. UU. Tras el asesinato de Brian Thompson, de la misma compañía, afirmó “que el sistema de atención médica no está funcionando tan bien como debería” y que “un sistema integral de atención médica estadounidense es mejor”.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez por Nueva York -nacida en el Bronx-, declaró tras el asesinato de Thompson que la fuerte reacción social al tiroteo mostró un “descontento masivo” entre los estadounidenses frustrados por las reclamaciones denegadas y la costosa atención médica. En declaraciones al medio digital estadounidense de noticias “Business Insider”, Ocasio-Cortez manifestó que “no queremos ver el sufrimiento extremo que enfrentan millones de estadounidenses cuando su vida cambia de la noche a la mañana por un diagnóstico devastador”. El senador de las filas demócratas de Vermont, Bernie Sanders, relacionó la ira pública manifestada en las últimas fechas, con la lucha por un Medicare (programa de seguro médico del Gobierno para personas de 65 años o más jóvenes con discapacidad o debido a graves problemas de salud), para todos los ciudadanos. Sanders añadió que, una verdadera reforma de la atención médica requiere abordar el “poder político y financiero” de las industrias farmacéutica y de seguros.

Anthem no quiere pagar la anestesia

Poco después de conocerse el asesinato de Thomson, se supo que la Sociedad Americana de Anestesiólogos había denunciado públicamente que la aseguradora Anthem Blue Cross Blue Shield había declarado unilateralmente que ya no pagarían “por la atención de anestesia si la cirugía o el procedimiento superan un límite de tiempo arbitrario, independientemente de cuánto tiempo tome el procedimiento quirúrgico”. Los anestesiólogos que describieron la iniciativa como “atroz y desinformada” pidieron que la compañía renunciara inmediatamente a la aplicación de esa medida. La aseguradora respondió con la retirada de su iniciativa atribuyendo las quejas a una “importante desinformación generalizada sobre una actualización de nuestra política de anestesia”. La compañía había dicho previamente que la duración de una intervención quirúrgica sería “coherente con las normas del sector y las fórmulas establecidas por la Sociedad Estadounidense de Anestesiólogos”, aunque quedarían excluidos los cuidados relacionados con la maternidad y los servicios pediátricos para pacientes menores de 22 años, sin explicar la causa.

Los Estados Unidos a pesar del gasto en sanidad (un 18 por ciento del Producto Interior Bruto), casi el doble del destinado por cualquier otra nación desarrollada, ocupan el puesto más bajo en atención sanitaria, según un informe publicado por The Commonwealth Fund, una empresa independiente de investigación sobre atención médica, publicado el pasado mes de septiembre. Por otra parte, el 45 por ciento de los adultos en edad laboral asegurados denuncian que les cobraron por algo que creían que debería ser gratis o cubierto por el seguro, y menos de la mitad de aquellos que reportaron errores de facturación presentaron una reclamación. Además, el 17 por ciento de los encuestados dijeron que sus aseguradoras les denegaron la cobertura del tratamiento que había sido recomendado por su doctor. La negativa de las aseguradoras a financiar prestaciones sanitarias provoca que las personas acumulen deudas médicas. Según el Dr. Joseph Betancourt, presidente de The Commonwealth Fund, “ningún otro país del mundo espera que los pacientes y sus familias paguen tanto de su bolsillo por la atención médica esencial como lo hacen en Estados Unidos”. Esto subraya una de las contradicciones más graves del sistema: el alto costo no se traduce en mejores resultados. Además, afirma, que los estadounidenses enfrentan barreras significativas para acceder a la atención preventiva y especializada, lo que repercute negativamente en la calidad de vida de millones de personas. Este desafío es especialmente agudo para las personas de bajos ingresos, lo que amplía las disparidades sociales y económicas en el país. El informe no solo destaca el alto costo de la atención médica, sino también las profundas desigualdades en la provisión de servicios. La equidad en el acceso a la atención sigue siendo una asignatura pendiente en Estados Unidos, ya que la calidad y la disponibilidad de los servicios dependen en gran medida de factores como el nivel de ingresos, el género y la ubicación geográfica.

Ultimo país en esperanza de vida

La contradicción entre el gasto sanitario y la esperanza de vida en Estados Unidos se ha puesto de manifiesto en una investigación de la Pennsylvania State University (Penn State) financiada por el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU, que se publicó el pasado mes de agosto en la revista BMJ Open. Los estadounidenses siguen ocupando el último lugar en la esperanza de vida entre los países de habla inglesa desde principios de la década de 1990. Para el estudio, los investigadores compararon la esperanza de vida entre las naciones de habla inglesa utilizando datos de la Organización Mundial de la Salud y la Base de Datos Internacional de Mortalidad Humana. Otros datos significativos muestran que las mujeres de EE. UU. viven un promedio de 81.5 años, y los hombres 76.5 años. Pero también influye en la longevidad de las personas el lugar donde viven, California y Hawái tienen la esperanza de vida más alta, 83 a 84 años las mujeres y los hombres de 77.5 a 78.4 años. Mientras,

los estados del sur rebajan el promedio de 72.6 a 80 años para las mujeres y de 69.3 a

74.4 años para los hombres.

Según la investigadora principal del estudio Jessica Ho, profesora asociada de sociología y demografía de la Universidad Estatal de Pensilvania, la esperanza de vida se reduce por muertes “en gran medida prevenibles, como sobredosis de drogas, accidentes automovilísticos y homicidios”. Los estadounidenses de mediana edad de 45 a 64 años también presentan unas tasas más altas de muerte por drogas, alcohol y enfermedades crónicas como la cardiaca. El estilo de vida sedentario con altas tasas de obesidad, una dieta malsana, el estrés y un historial de tabaquismo, también son factores decisivos, manifestó Ho.