Imagen: Ministro de Transporte, Óscar Puente
El Ministerio de Transportes ha finalizado el análisis de los documentos presentados por Víctor Aldama al Tribunal Supremo, en los que el empresario acusa al exministro José Luis Ábalos de adjudicar 96 contratos de obras públicas a cambio de comisiones ilegales. Según los informes elaborados por técnicos del ministerio, las pruebas aportadas por Aldama no coinciden con los procedimientos de licitación analizados, desmontando las alegaciones del empresario.
Informes técnicos: sin rastro de irregularidades
A petición del actual titular de Transportes, Óscar Puente, se elaboraron dos informes, uno sobre el gestor ferroviario Adif y otro sobre la Dirección General de Carreteras. Ambos documentos descartan la existencia de irregularidades en los contratos adjudicados, que incluyen periodos previos y posteriores a la gestión de Ábalos. Las licitaciones revisadas abarcan desde el mandato de Ana Pastor e Íñigo de la Serna (PP) hasta el de Raquel Sánchez (PSOE).
En el informe de Adif, que analiza 17 proyectos, se concluye que tres obras aún no han sido licitadas, y el resto no presenta irregularidades. En el caso de la Dirección General de Carreteras, el análisis de 79 presuntas adjudicaciones ilegales desmonta las acusaciones de Aldama. Según los técnicos, las obras señaladas en los presupuestos no son licitaciones específicas, sino instrumentos de planificación que incluyen diversos proyectos.
Datos que refutan las alegaciones
De las obras señaladas, 39 corresponden a licitaciones reales, pero solo seis se realizaron durante la gestión de Ábalos. Cuatro fueron adjudicadas bajo gobiernos del PP, mientras que 11 fueron tramitadas por Raquel Sánchez, la sucesora de Ábalos. Además, 17 obras siguen sin ser licitadas y una más corresponde a una concesión otorgada en 2005. El informe concluye que no se ha constatado ninguna actuación irregular en las tramitaciones analizadas.
Por otro lado, los documentos aportados por Aldama contienen marcadores que los técnicos califican de “extraordinaria generalidad”. Según el ministerio, estos subrayados corresponden a partidas presupuestarias amplias, como corredores ferroviarios o conceptos genéricos que engloban proyectos diversos. Tampoco se ha identificado un patrón que indique una trama de corrupción, ya que las licitaciones se adjudicaron mayoritariamente por criterios económicos.
Riesgo de fraude en los documentos
El ministerio también revisó la gestión de contratos modificados, donde se ajustan presupuestos por imprevistos en las obras. Los técnicos concluyen que el sistema de control implementado reduce al mínimo la posibilidad de irregularidades. En uno de los contratos revisados, incluso, la constructora tuvo que devolver 70.863 euros al ente público.
No es la primera vez que Puente ordena una investigación por presuntas irregularidades durante el mandato de Ábalos. En febrero, una auditoría en Puertos del Estado y Adif detectó irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. A pesar de las críticas de Ábalos, que calificó el informe de “incompleto”, la Fiscalía Anticorrupción concluyó que no hubo irregularidades en la adjudicación de las mascarillas.
