El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye un año marcado por su renovación, pero también por persistentes tensiones con el Gobierno. A pesar del nombramiento histórico de Isabel Perelló como presidenta, las asociaciones judiciales coinciden en que la justicia sigue estando sometida a desafíos significativos en relación con su independencia y operatividad. Según María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el 2024 terminó con un deterioro institucional acentuado por ataques del Gobierno y una sobrecarga de trabajo en los juzgados.
La politización del CGPJ, mantenida con el actual sistema de designación de vocales, ha sido un punto de crítica común. Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria (AJFV), destaca que este método perpetúa un reparto de poder partidista. Aunque el nombramiento de Perelló rompió un techo de cristal, su gestión está condicionada por el sistema politizado de elección que persiste en el órgano.
El CGPJ aún defiende la independencia del Poder Judicial
Un informe unánime del CGPJ desaconseja la entrega de la instrucción penal a la Fiscalía sin antes garantizar su independencia mediante una reforma profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. El Consejo ha señalado la necesidad de desvincular la duración del mandato del fiscal general de la legislatura del Gobierno que lo nombra, así como de prohibir expresamente cualquier tipo de instrucción gubernamental a la Fiscalía. Este pronunciamiento es claramente un llamado de atención al Gobierno de Pedro Sánchez, acusado en diversas ocasiones de intentar llevar a cabo una manipulación de la justicia
El Pleno del CGPJ considera que las reformas propuestas por el Ejecutivo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) implican riesgos significativos si no se introducen mecanismos para reforzar la autonomía de la Fiscalía.
El Consejo ha planteado medidas específicas para garantizar la independencia del sistema judicial. Entre ellas, destaca la prohibición explícita de que el Ejecutivo emita instrucciones a la Fiscalía General del Estado. Asimismo, se pretende evitar que este órgano ejerza influencia sobre fiscales concretos mediante indicaciones particulares relacionadas con casos específicos. Además, se propone fomentar, como principio general, la toma colegiada de decisiones dentro de la Fiscalía, de forma que estas sean adoptadas por un grupo de profesionales y no queden en manos de una sola persona, como ha ocurrido hasta ahora.
Además, el Pleno del CGPJ rechaza la idea de la «desjudicialización del proceso» penal y defiende que las decisiones finales relativas a la instrucción final como son la continuidad del caso, su archivo, reapertura o la realización de nuevas pruebas deben permanecer siempre, como mínimo, bajo la competencia del Poder Judicial.
Críticas al deterioro de la justicia
La Asociación de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) también advierte sobre el impacto de las críticas políticas hacia la judicatura. Para su portavoz, Edmundo Rodríguez Achutegui, estas acusaciones han socavado la confianza ciudadana en el Poder Judicial. Mientras tanto, desde el Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo considera que la renovación del CGPJ, aunque necesaria, se realizó con el mismo sistema politizado que ha sido criticado por instituciones europeas como un factor de corrupción.
La sobrecarga de trabajo judicial, la falta de recursos y el aumento de litigiosidad siguen siendo problemas acuciantes. Las asociaciones judiciales piden un plan de choque para aumentar la plantilla y mejorar las condiciones laborales, elementos clave para garantizar una justicia más eficiente y accesible.
De cara al próximo año, las asociaciones judiciales instan a que el CGPJ presente una propuesta para modificar el sistema de elección de vocales, permitiendo que los jueces seleccionen directamente a los representantes del turno judicial mediante un sistema plural y representativo. Esta reforma sería un paso hacia la despolitización del órgano y el fortalecimiento de la independencia judicial.
Asimismo, las asociaciones esperan un incremento en la inversión para dotar de recursos suficientes a la justicia, tanto en medios materiales como en personal. De lo contrario, advierten que se mantendrá la precariedad que afecta a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho.
