El juez Juan Carlos Peinado, encargado de la investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha citado a declarar como testigos el próximo 22 de enero a representantes de Google Spain, Indra y Telefónica. El objetivo es obtener información sobre las inversiones relacionadas con un software que, según la investigación, Gómez habría apropiado ilícitamente.
Además de los representantes de estas compañías tecnológicas, el juez también ha convocado a Arsys Internet y a dos antiguos vicerrectores de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio y José María Coello de Portugal, quienes ya declararon anteriormente en la misma causa.
En este caso, Begoña Gómez enfrenta cargos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, vinculados a un supuesto desvío de recursos destinados a desarrollar un software financiado por estas entidades. Según fuentes judiciales, estas citaciones buscan esclarecer el papel de las empresas involucradas y su relación con el proyecto.
El pasado 18 de diciembre, el juez instructor ordenó a diversas entidades bancarias proporcionar a la Guardia Civil toda la información sobre las cuentas a nombre de Begoña Gómez entre diciembre de 2019 y noviembre de 2024. Esta medida responde a un informe del Punto Neutro Judicial que reveló una lista «incompleta» de diez cuentas bancarias asociadas a Gómez, con un saldo total de apenas 40 euros. La investigación sospecha que podría haber movimientos financieros no declarados o vinculados al caso.
Otro punto relevante de la investigación fue la declaración de Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, quien el pasado viernes compareció ante el juez como testigo. Álvarez admitió que su nombramiento estaba destinado a ayudar a Begoña Gómez en temas tanto oficiales como privados. Esta afirmación se deriva de varios correos electrónicos relacionados con las actividades de Gómez, en los que se evidencian gestiones sobre másteres y una cátedra extraordinaria en la Complutense.
Ampliación de la causa
La investigación se amplió recientemente tras una querella presentada por Hazte Oír, que acusa a Gómez de apropiación indebida del software y de intrusismo en la elaboración de los pliegos técnicos para la contratación del servicio de asistencia y asesoría relacionado con dicho programa. Estas acusaciones han abierto nuevas líneas de investigación y añadido presión al entorno del Gobierno.
La situación de Begoña Gómez se suma a un periodo complicado para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La semana pasada, diversas acusaciones han rodeado a figuras clave del Gobierno, incluyendo al fiscal general del Estado y a la presidenta del Congreso, en lo que algunos han calificado como «la semana judicial más negra para Moncloa».
