Las autoridades de Corea del Norte han comenzado a trasladar a los divorciados a campos de trabajo forzado, con el fin de castigar a quienes incumplan las normas familiares establecidas por el régimen de Kim Jong Un. La medida se produce en respuesta a la caída de la fecundidad y a la preocupación del Gobierno por la disminución del número de nacimientos.
Las personas enviadas a estos campos se ven obligadas a realizar trabajos físicos extremos en condiciones de gran dureza, con el objetivo de ser «reintegradas» en la sociedad. El régimen norcoreano considera que los divorciados representan un “problema social”, ya que, a su juicio, no contribuyen a los objetivos estatales de aumentar la natalidad y reforzar la unidad familiar. Este endurecimiento de la política familiar se añade a otras medidas con las que el país pretende combatir su índice de natalidad cada vez más crítico.
