Imagen: Keir Starmer, primer ministro británico-AP
Cinco de los seis miembros de una banda de violadores pakistaníes condenada en Rotherham han sido puestos en libertad o están cerca de conseguir la libertad condicional. Esto se produce unos años después de su condena en 2017 por crímenes cometidos entre 1999 y 2001 y en pleno escándalo tras hacerse público que las autoridades políticas y policiales británicas no persiguieron los hechos por miedo a “tensiones raciales”, pese a ser las víctimas niñas, que fueron violadas y asesinadas en Inglaterra y Gales por miembros de estas bandas.
Tres miembros del grupo (Tayab Dad, Amjad Ali y Matloob Hussain) ya han sido liberados después de cumplir aproximadamente la mitad de sus condenas, que oscilaban entre 10 y 13 años. Otros dos miembros de la banda, Nasar Dad y Mohammed Sadiq, tienen programadas audiencias de libertad condicional en los próximos meses. Solo el líder del grupo, Basharat Dad, quien recibió una condena de 20 años, permanece en prisión sin posibilidad de obtener la libertad condicional, según ha difundido el medio británico Daily Mail.
Según las investigaciones, se han podido identificar a al menos 1.400 víctimas. Las revelaciones han provocado que el magnate Elon Musk acusara al primer ministro británico, Keir Starmer, de haber ocultado las atrocidades cometidas a miles de niñas británicas durante su mandato como fiscal. Ahora, cuando ha regresado a la actualidad política este escándalo, el primer ministro británico ha tratado de despachar el asunto señalando que el principal problema de Gran Bretaña es la «islamofobia» y que la comunidad musulmana del país puede «sentirse incómoda» al recordar la barbarie de Rotherham.
El Partido Laborista se niega a abrir una investigación nacional
El Partido Laborista, liderado por Keir Starmer, ha mostrado su negativa a impulsar una investigación nacional sobre las bandas de grooming (grupos organizados que han perpetrado agresiones sexuales a niñas en diversas ciudades del país). La decisión ha provocado una oleada de críticas, especialmente hacia la diputada Jess Phillips, subsecretaria de Estado parlamentaria para la protección de las mujeres, quien argumentó que estas investigaciones deberían seguir siendo competencia de las autoridades locales que las soliciten.
Esta posición, que impide la posibilidad de abordar el problema a nivel nacional, es vista por muchos como un intento de bloquear cualquier revisión pública sobre el papel de Starmer como director de la Fiscalía Pública (DPP) durante el escándalo de grooming en Oldham, Gran Manchester.
Sin embargo, las críticas hacia el Partido Laborista vienen de lejos. Desde 2012, se ha denunciado que durante el mandato de Starmer como jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS) se desestimaron casos debido al origen étnico de los autores con el fin de «mantener buenas relaciones con la comunidad». Este patrón se repitió en ciudades como Rotherham, Rochdale y Telford, donde se encubrieron incidentes similares, principalmente involucrando a niñas blancas, muchas bajo tutela estatal o de familias en situación de vulnerabilidad.
Las agresiones tenían lugar en casas y sótanos, pero también en parques, e incluso en algunos casos esperaban a las niñas en las puertas de los colegios. Pese a ello, las autoridades municipales y policiales ocultaron el escándalo para no parecer «racistas» e incluso apartaron a los agentes y asistentes sociales que se mostraban dispuestos a investigar. «No se quería remover la nave multicultural», reconoció Dennis MacShane, entonces diputado laborista, según un artículo publicado en ABC en 2017.
