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Los letrados del Senado, órgano en el cual el Partido Popular ostenta mayoría absoluta, han dictaminado que la Mesa de la Cámara alta debe aceptar la tramitación de la ley de amnistía, a pesar de que el artículo 104 de su Reglamento no lo establece explícitamente, siguiendo los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. No obstante, los servicios jurídicos también han cuestionado el contenido de la normativa, calificándola de «inconstitucional» y argumentando que la proposición de ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso constituye una «reforma constitucional encubierta».
La solicitud de la Mesa del Senado
El informe elaborado por los letrados, revelado inicialmente por La Razón, ha salido a la luz un día antes de que la Mesa del Senado se reúna para evaluar la ley de amnistía.
La Mesa, bajo la dirección del PP, solicitó en enero dos dictámenes: uno sobre el contenido de la normativa y otro sobre las implicaciones de no admitir a trámite la iniciativa cuando sea remitida desde el Congreso, en respuesta a las demandas de Vox. Aunque fuentes del partido señalan que los populares tenían una postura prácticamente decidida a favor de la tramitación, buscaban respaldo ante las críticas de la ultraderecha. Este respaldo se ha confirmado en los informes emitidos.
Según los letrados, el Senado no puede objetar una calificación diferente en esta etapa y no puede rechazar la tramitación, independientemente del resultado final (vetar, enmendar o abstenerse de opinar), ya que ello supondría una violación del artículo 90.1 de la Constitución.
Trámite de la iniciativa
Con base a este argumento jurídico, la Mesa del Senado ha elaborado una propuesta que probablemente se apruebe en la reunión de este martes. En dicho documento se establece la admisión a trámite de la iniciativa, considerando que la Mesa no puede tomar una decisión de no admisión, ya que la Constitución establece una obligación automática de someter el texto legislativo remitido por el Congreso a la deliberación del Senado.
Por otro lado, aunque los letrados han respaldado la admisión a trámite de la ley de amnistía, también han criticado su contenido. Señalan que la normativa, aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, podría constituir una «reforma constitucional encubierta». Este aspecto, según el informe, representa un vicio de procedimiento y viola el artículo 23 de la Constitución, al utilizar de manera fraudulenta el procedimiento legislativo para fines que no le son propios.
