El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), liderado por Pedro Sánchez, ha registrado una proposición de ley que limita gravemente la acción popular y restringe la libertad judicial, bajo el pretexto de proteger derechos fundamentales. El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, revelaba el viernes esta ley, que busca modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal, suprimir delitos como las ofensas religiosas y controlar las actuaciones judiciales, en un claro ejemplo de cómo el PSOE utiliza su poder legislativo para proteger sus intereses políticos y personales, ya que apunta directamente a los temas por los que se ha encausado recientemente al partido y sus allegados.
Destrucción de la acción popular
Uno de los puntos más polémicos de esta iniciativa es la restricción de la acusación popular, una herramienta esencial en una democracia para garantizar que los ciudadanos puedan actuar contra delitos cuando las instituciones no lo hacen. Con la nueva ley, la acusación popular quedará limitada a la fase de juicio oral, excluyendo a partidos políticos y asociaciones vinculadas a ellos. Además, se exigirá que quienes ejerzan esta figura tengan un «vínculo concreto y relevante» con el caso. Esto debilita la transparencia y favorece la opacidad en casos de corrupción y abuso de poder.
La propuesta también busca impedir que las denuncias basadas en recortes de prensa sean admitidas a trámite, tachándolas de «meras hipótesis sin fundamento». Curiosamente, el PSOE ha utilizado este mecanismo en el pasado, como en el caso contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, lo que revela una más que evidente y preocupante doble vara de medir.
Protección para el círculo de Sánchez
Esta reforma no es casualidad. Llega en un momento en que el entorno político y familiar de Pedro Sánchez está asediado por casos de corrupción, como las investigaciones que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez. Al limitar la acción popular y controlar la instrucción judicial, el PSOE busca blindarse frente a futuras investigaciones y proteger a sus allegados de cualquier implicación penal.
Además, la ley propone recusar a jueces que hayan realizado comentarios políticos previos, una medida que, aunque parece buscar imparcialidad, podría interpretarse como un intento de amordazar a los jueces críticos con el Gobierno. Este punto genera especial preocupación, ya que podría ser usado para apartar a magistrados incómodos para los intereses del PSOE.
Otro aspecto controvertido es la eliminación del artículo 525 del Código Penal, que protege los sentimientos religiosos. Aunque el PSOE justifica esta medida con jurisprudencia europea, muchos interpretan la decisión como un guiño a sectores progresistas y un desprecio a la sensibilidad de millones de creyentes en España. Este cambio surge tras la polémica protagonizada por una actriz que usó una imagen religiosa con fines burlescos en una emisión televisiva de RTVE, financiada con fondos públicos.
La excusa de los “ultras” para justificar la censura
El PSOE ha intentado justificar esta ley atacando a sectores que califica de «ultraderecha», a quienes acusa de usar herramientas judiciales para fines políticos. Sin embargo, esta narrativa no oculta el verdadero objetivo de la norma: limitar la acción ciudadana y consolidar el control del Gobierno sobre el sistema judicial. En palabras del portavoz socialista Patxi López, la reforma busca frenar «acciones judiciales abusivas» que, según él, son utilizadas como arma política por sus adversarios.
Para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se pronunciaba sobre este asunto alegando que “la perversión de la acusación popular por ultras y buleros es ya un problema democrático” y que las “asociaciones ultraderechistas está pervirtiendo la figura de la acusación popular porque están persiguiendo, no delitos, sino a personas, a políticos progresistas honrados y a sus familias”.
Por lo tanto, la mejor solución para que algunos utilicen una forma democrática de control del Gobierno es limitando la acción popular y censurando a los jueces. Estas medidas propuestas por el propio Gobierno representan una amenaza directa al sistema de pesos y contrapesos que sustenta el Estado de derecho. Además, la opacidad que promueve esta reforma beneficia únicamente a quienes detentan el poder, dejando a los ciudadanos en una posición de indefensión frente a posibles abusos.
El PSOE ha demostrado con esta propuesta que su prioridad no es proteger los derechos fundamentales, sino blindarse políticamente. En lugar de fortalecer las instituciones y garantizar su independencia, busca debilitarlas para servir a sus propios intereses, dejando claro que la democracia está en juego bajo su mandato.
