La Guardia Civil ha paralizado en Sevilla cuatro toneladas y media de pescado tras detectar in fraganti a trabajadores de una empresa de Alcalá de Guadaira reetiquetando las fechas de consumo preferente de productos pesqueros congelados. La investigación la está llevando a cabo el Seprona de la Guardia Civil, como una medida preventiva del comercio de productos no aptos para su consumo durante la Feria de Sevilla de este año.
Entre los productos figuran cangrejos, bogavantes, bacaladilla, potón y chanquetes, un total de 4,5 toneladas. En un comunicado, el instituto armado ha informado de que “no se descarta que parte de los productos” paralizados en este operación “podrían estar destinados” para la Feria de Abril.
La inspección empezó hace unos días en el almacén de la empresa investigada donde se hallaron palés de lomos de bacalao congelado con fecha de consumo preferente de junio del año 2022. Es decir, ya caducados, aunque estos productos llevaban nuevas etiquetas que alteraban la fecha de consumo preferente para el año 2026.
Según informó la Guardia Civil, estas etiquetas han llevado a los agentes a una inspección más exhaustiva del almacén. Así, encontraron productos pesqueros de diferente naturaleza con fecha de consumo preferente vencida, algunos ya reetiquetados. Una vez inspeccionada la mercancía, veterinarios del área de salud pública de Alcalá de Guadaira han decretado el no apto para el consumo, quedando precintados en las propias instalaciones, a la espera de su destrucción por una empresa autorizada.
Según los indicios obtenidos en las investigaciones, la empresa compró el producto a sabiendas que su fecha de consumo preferente estaba vencida o superada desde hace dos años.
Seis personas implicadas
Hasta el momento, hay implicadas al menos seis personas, a quienes se las investiga por supuestos delitos de falsedad documental y contra la salud pública.
En este momento, el Seprona continúa con la instrucción de diligencias y estudio de documentación, sin descartar la implicación de más investigados. En la inspección se ha contado con el apoyo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera (Agapa) de la Junta de Andalucía, un técnico de trazabilidad del servicio de pesca de Sevilla, y de un veterinario de salud pública de Alcalá de Guadaira.
