Foto de archivo de Conrado Domínguez cuando fue citado a declarar por primera vez sobre el ‘caso Mascarillas’, en esa ocasión en los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria. EFE/Quique Curbelo
Agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid han entrado sobre las 08:25 horas de este jueves, 9 de mayo, en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el caso Mascarillas.
Domínguez acudió en calidad de investigado en esta causa en la que se investigan los cuatro millones de euros presuntamente pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que no llegaron a ser recibidas. El exdirector del SCS está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Domínguez presentó su dimisión en noviembre de 2022 tras dos años en el cargo durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Previamente también había ocupado el mismo cargo de director del SCS con el Gobierno de Fernando Clavijo (2015-2019).
En concreto, el Ministerio Público europeo pone la lupa en el pago de cuatro millones de euros por adelantado a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca fueron entregadas. De hecho, fueron destruidas por agentes de Aduanas en el Puerto de La Luz tras llegar un cargamento procedente de Etiopía y constatarse que estaban falsificadas.
Tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, el órgano comunitario investiga a Domínguez y también, entre otros, a Rayco González (administrador de la empresa RR7) por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.
La carrera de Conrado Domínguez
La querella de la Fiscalía recoge que el Servicio Canario de Salud había rechazado ofertas de empresas que ofrecían mascarillas FFP2 con disponibilidad inmediata porque “ya había en cantidades aceptables para varios meses”. Además, el precio pagado por las mascarillas a la empresa de Rayco Rubén González era “muy superior” (cuatro euros por unidad) al precio mayor (2,94) de todos los contratos de este tipo en Canarias durante la pandemia.
En los contratos de emergencia para el suministro de material durante la pandemia, el mecanismo habitual consistía en anticipar la mitad del importe y pagar el resto cuando se hubiera acreditado que los productos habían llegado. Así fue como se concretó el primer pago en agosto de 2020 y en el segundo, en octubre del mismo año, se consuma lo que la Fiscalía Anticorrupción define como “el timo de Rayco”.
Anticorrupción sostiene que este segundo pago fue “temerario y negligente” y ocasionó un menoscabo de dos millones de euros a las arcas públicas. Según la querella, de ese dinero obtenido de manera presuntamente ilícita, Rayco Rubén González incorporó a su patrimonio 1,35 millones de euros que destinó a la compra de coches de alta gama (Porsche, Lamborghini, Maserati, Bentley…) a través de un entramado societario y de préstamos entre sociedades de su propiedad, y a mantener “un elevado tren de vida”.
