Imagen: Primer ministro de Hungría, Viktor Orban, EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
La Comisión Europea deducirá 200 millones de euros de los futuros pagos previstos a Hungría desde los fondos comunitarios por la negativa de Viktor Orbán a pagar la multa interpuesta por el Tribunal de la Unión Europea por eliminar, en la práctica, el derecho al asilo en la crisis de refugiados de 2015 y 2016. La justicia lo calificó de «una violación sin precedentes y extremadamente seria de la legislación europea» y le impuso una multa que debía haber abonado este miércoles. Bruselas, además, pondrá en marcha el mecanismo para cumplir con la sanción de un millón de euros por cada día que incumple la sentencia.
El pasado mes de junio, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) impuso ese castigo por la negativa de Hungría a aplicar la sentencia que condenó al país en 2020 por el incumplimiento de las normas comunitarias a la protección de los refugiados. En concreto, en la crisis de refugiados sirios, Hungría limitó el acceso a la protección internacional de las personas refugiadas, internó de forma irregular a los solicitantes y vulneró su derecho a permanecer en territorio húngaro a la espera de que se resolvieran las peticiones.
Orbán reclama 2.000 millones
Un portavoz de la Comisión anunció este miércoles que Bruselas extraerá esos 200 millones de la cantidad de los fondos europeos destinados a Hungría. El primer ministro del país Viktor Orbán, por su parte, reclama 2.000 millones de euros por el coste de rechazar a los inmigrantes que llegan a sus fronteras. Las autoridades húngaras también son culpables, según la sentencia, de llevar a inmigrantes a zonas completamente desiertas y empujarles a ir a Serbia.
“El Tribunal de Justicia declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020 en lo que respecta al acceso al procedimiento de protección internacional, al derecho de los solicitantes de dicha protección a permanecer en Hungría a la espera de una resolución definitiva sobre el recurso contra la denegación de su solicitud y a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular”, concluyeron los jueces de Luxemburgo.
En paralelo, la Comisión Europea puso en marcha el procedimiento para determinar si Hungría solventó legalmente el boicot al derecho al asilo. El plazo que tenía Budapest para responder a Bruselas terminó el pasado 13 de septiembre sin respuesta. En consecuencia, la Comisión Europea ha reclamado la primera solicitud de pago de 93 millones de euros, correspondientes a los 93 días que han pasado desde la sentencia del TJUE y en los que se presupone que Hungría no ha remediado la situación.
