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El gobierno de coalición encabezado por el primer ministro polaco, Donald Tusk, enfrentó este domingo su primera prueba en las urnas desde que desplazó del poder al partido Ley y Justicia (PiS) del ultranacionalista Jaroslaw Kaczinsky en octubre pasado.
El PiS se recupera en estas elecciones
De acuerdo con los sondeos a pie de urna, el PiS obtuvo el mejor resultado en las elecciones a las asambleas, con el 33,7% de los apoyos, seguido de la Coalición Cívica (KO) de Tusk, que logró el 31,9%. La tercera posición fue para la Tercera Vía, con el 13,5% de los votos. Por su parte, la Confederación alcanzó el 7,5% y la Izquierda el 6,8%.
El PiS, que tiene su base de apoyo en las zonas rurales, busca una revancha después de nueve años en mayoría absoluta, dejando un legado de leyes y reformas difíciles de revertir. Tusk necesita expulsar a Kaczinsky de sus reductos locales para allanar el camino hacia el desmantelamiento del Estado iliberal construido por estos.
Tusk necesita desmarcarse del partido de Kaczinsky
«Todas estas elecciones locales son tan importantes como las del 15 de octubre«, expresó Tusk durante un mitin en Cracovia. «Si no ganamos, la tendencia podría revertirse«, agregó, apelando a aquel sector del electorado que, con el PiS fuera del Gobierno, podría abstenerse de votar al considerar que los nacionalistas ya no representan una amenaza.
Los sondeos sugieren que todas las derechas populistas han obtenido buenos resultados, en parte debido a la falta de unidad en el Gobierno de Tusk, cuyas tres agrupaciones se presentaron con candidaturas separadas para mejorar sus posiciones.
Unas reformas que no convencen
El partido nacionalista lleva décadas sin ganar en ciudades de más de 100.000 habitantes, aunque suele obtener un número de votos similar al de la PO en todo el país. Tusk llegó al poder en octubre con la promesa de revertir el retroceso democrático, impulsar los derechos de las mujeres y las minorías, y reparar los lazos con la Unión Europea. Desde entonces, ha desbloqueado miles de millones de euros de fondos congelados por Bruselas y ha implementado reformas radicales en los tribunales y los medios de comunicación estatales, aunque algunas de estas medidas generan dudas en la UE.
