Imagen: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez I AFP
La Comisión Europea trabaja en una normativa que permitirá a los Estados miembros incrementar su endeudamiento, siempre que los recursos se destinen a gastos militares, según ha informado ABC. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario establecerá una definición técnica precisa de las partidas que podrán acogerse a este mecanismo, limitando la posibilidad de que los gobiernos interpreten libremente los criterios para desviar fondos a otras áreas.
Fuentes comunitarias han confirmado que el estándar que se aplicará será la Clasificación de las Funciones de Gobierno (Cofog), un sistema reconocido a nivel internacional que reduce al mínimo las ambigüedades en la catalogación del gasto público. Esta medida afectará directamente a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez, que buscaba una mayor flexibilidad en la asignación de estos recursos.
Un respiro fiscal condicionado al rearme europeo
El plan de Bruselas prevé que la mayoría de los países de la UE se acojan a la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, lo que les otorgará un margen presupuestario excepcional sin riesgo de sanciones por déficit excesivo. No obstante, la Comisión Europea pretende garantizar que estos fondos se utilicen exclusivamente para reforzar la industria militar del continente y no para otros fines.
Ursula von der Leyen busca así acelerar la inversión en defensa en un contexto geopolítico cada vez más inestable. La intención del Ejecutivo comunitario es que los gobiernos empleen estos recursos en el desarrollo de una infraestructura militar coordinada a nivel europeo, evitando que se conviertan en un alivio fiscal de uso discrecional.
La UE rechaza ampliar la definición de gasto militar
El criterio Cofog, desarrollado por la OCDE en 1999 y utilizado por organismos como la ONU y Eurostat, ha sido ratificado por los ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin). Durante la última reunión del organismo, los Estados miembros coincidieron en que modificar este estándar supondría un retraso inaceptable en un momento en el que la prioridad es reforzar la capacidad de defensa de Europa.
España intentó sin éxito flexibilizar la definición de gasto militar para incluir partidas relacionadas con la protección contra el cambio climático. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, propuso esta ampliación, pero no encontró respaldo entre sus homólogos europeos. A pesar de que algunos países prefieren mantener cierta flexibilidad en la interpretación de las normas, la Comisión Europea ha reiterado que cualquier cambio en el marco reglamentario requeriría demasiado tiempo y podría comprometer la estabilidad del nuevo mecanismo.
Obligaciones presupuestarias y supervisión de Bruselas
A pesar de no contar con un presupuesto aprobado para 2024, España no ha incumplido las normas europeas, ya que la Comisión considera automáticamente prorrogado el presupuesto de 2023. No obstante, el Ejecutivo de Sánchez está obligado a presentar antes de abril un informe detallado sobre la evolución de sus planes estructurales de control del gasto.
Este informe deberá especificar con precisión la distribución del gasto público por sectores, permitiendo a Bruselas identificar con claridad las partidas militares que podrán beneficiarse de la cláusula de escape del déficit.
Según la clasificación Cofog, los conceptos que podrán considerarse como gasto militar incluyen la defensa militar, la contribución a organismos internacionales de seguridad, la investigación en defensa y ciertos gastos administrativos relacionados con la formulación y supervisión de políticas en esta área. Sin embargo, la Comisión ha dejado claro que en ningún caso estos recursos podrán destinarse a cuestiones como la lucha contra el cambio climático, una posibilidad que España intentó introducir sin éxito en el debate europeo.
