El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha ofrecido una disculpa pública a los ciudadanos por el reciente escándalo de corrupción que ha salpicado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante su discurso en la instalación de la tercera legislatura, Petro asumió la responsabilidad política por los eventos en cuestión y se comprometió a recuperar el dinero malversado.
Petro expresó su arrepentimiento, reconociendo que el incidente no solo refleja una falla en la gestión de la UNGRD, sino que también es un indicativo de una cultura de corrupción que permea a toda la sociedad colombiana. «Quiero pedirles perdón por lo sucedido en la UNGRD, lecciones que hay que recoger de esos hechos aún en proceso de investigación», declaró el mandatario. Aseguró que el caso no debe ser considerado simplemente como un mal recuerdo, sino como una oportunidad para aprender y mantener una vigilancia constante contra la corrupción.
El presidente subrayó que su administración está firmemente comprometida en recuperar los fondos desviados. En sus palabras, también mencionó su frustración con la falta de compensación para las víctimas de desastres climáticos durante su gobierno, señalando que el dinero destinado a estos casos había sido mal dirigido. «Me cansé de estar esperando que las víctimas climáticas que hemos tenido en este Gobierno, tuvieran algún tipo de resarcimiento y nunca llegó nada. El dinero iba para otra parte», expresó.
Este pronunciamiento de Petro se produce en un momento crítico, ya que el Tribunal Supremo de Colombia ha citado al presidente a declarar como testigo en el marco de la investigación del escándalo. La controversia involucra presuntos contratos irregulares que habrían beneficiado a congresistas a cambio de aprobar reformas gubernamentales. Entre los implicados, se mencionan al presidente del Senado, Iván Name, y al de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Estos altos funcionarios estarían presuntamente involucrados en la recepción de sobornos para facilitar la tramitación de reformas impulsadas por el Ejecutivo, según denuncias de ex altos cargos de la UNGRD.
El caso ha llevado a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía de Colombia a realizar registros en varias instituciones gubernamentales clave, incluyendo el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Función Pública y la Consejería para las Regiones.
