Entre el 22 de julio y el 23 de agosto, Venezuela experimentó un aumento drástico en el número de presos políticos, según el último reporte de Foro Penal. La cifra de detenidos por razones políticas se disparó un 449%, pasando de 305 a 1.674. Este incremento masivo ha llevado a la organización a señalar que actualmente se registra el mayor número de presos con fines políticos en el país desde principios del siglo XXI. De los 1.674 detenidos, 149 han sido condenados.
De los detenidos, 1.458 son hombres, 216 mujeres, y 107 son adolescentes. Además, 1.567 de ellos son adultos. El reporte incluye solo a aquellos que permanecen privados de libertad y no a todos los arrestados que han sido liberados o aquellos que están bajo arresto temporal (hasta 48 horas).
Detenciones desde 2014:
Desde 2014, se han registrado un total de 17.355 detenciones políticas en Venezuela. Además de los actuales presos políticos, la organización señala que 9.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de su libertad.
La organización Amnistía Internacional ha denunciado detenciones arbitrarias masivas tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Exige a las autoridades venezolanas que protejan el derecho a la protesta, garanticen la integridad de los menores de edad, liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente y protejan contra la tortura.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) ha instado al Estado venezolano a liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales, como la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica. Además, ha solicitado que se permita el acceso inmediato y sin restricciones a organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos para visitar a los detenidos y sus familiares
Ha condenado también las detenciones y la criminalización de la disidencia en Venezuela tras las recientes elecciones. Según la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la CIDH, entre el 28 de julio y el 19 de agosto, se han registrado alrededor de 1.505 detenciones durante las manifestaciones contra los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el comunicado destaca el caso del periodista Roland Carreño, detenido el 2 de agosto en Caracas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Las autoridades han negado tenerlo bajo custodia y se han rehusado a aceptar denuncias en su favor, a pesar de que Carreño es beneficiario de una medida cautelar de la CIDH. Hasta el momento, se desconoce su paradero.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado el uso de la «Ley Contra el Odio» en Venezuela para criminalizar a periodistas y activistas. Esta ley ha permitido la imputación de cargos de terrorismo, instigación pública y alteración del orden público sin respetar el debido proceso. Entre las medidas represivas destacan allanamientos, cierres de medios, confiscación de equipos, censura en redes sociales y amenazas que han llevado a algunos a exiliarse por seguridad.
La RELE también ha documentado el bloqueo selectivo de al menos 107 sitios web, incluyendo 63 medios de comunicación y 9 plataformas de derechos humanos. Las autoridades han llevado a cabo campañas de propaganda oficial y militar que incluyen perfilamiento y ciberpatrullaje contra críticos del régimen en redes sociales. Además, se han producido contenidos audiovisuales que estigmatizan a los opositores como criminales, y se les ha obligado a emitir mensajes de arrepentimiento frente a cámaras de organismos de inteligencia.
En su comunicado, condenó el abuso de poder del régimen venezolano, que utiliza mecanismos institucionales para silenciar a quienes critican o disienten, especialmente en relación con el proceso electoral. Esta represión busca instaurar un clima de miedo e intimidación para perpetuar el régimen autoritario en el poder.
Ha hecho un llamado a la comunidad internacional, en particular a los países de la región, para que presionen al Estado venezolano a:
- Liberar a todas las personas detenidas por ejercer sus derechos fundamentales a la libertad de expresión, participación política, prensa, asociación y reunión pacífica.
- Garantizar el acceso inmediato y sin restricciones de organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos a los detenidos y sus familias.
- Poner fin a la censura y represión masiva contra la ciudadanía que protesta, así como a la persecución de periodistas y medios de comunicación.
- Garantizar el ejercicio pleno del periodismo, incluyendo el acceso libre y seguro de corresponsalías internacionales.
- Terminar el bloqueo de sitios web, el uso indebido de tecnologías de vigilancia y la represión digital, y proteger el espacio cívico digital en y sobre Venezuela.
Este significativo aumento en el número de presos políticos se ha producido en un contexto de creciente tensión política en Venezuela, con un gobierno que enfrenta críticas tanto a nivel nacional como internacional por su manejo de las libertades civiles y los derechos humanos. Las denuncias de detenciones arbitrarias y la falta de acceso de organismos internacionales a los detenidos reflejan una preocupación generalizada sobre la situación de los derechos humanos en el país.
