Un proyecto de ley presentado en el parlamento ruso ha generado preocupación entre los disidentes rusos que han buscado refugio político en países postsoviéticos y no occidentales, ya que podrían enfrentar arrestos y extradiciones de vuelta a Rusia. La propuesta, introducida en la Duma Estatal por el partido gobernante Rusia Unida, permitiría a los fiscales enviar materiales de investigación a Estados extranjeros con el fin de solicitar la detención de ciudadanos rusos que evaden la persecución fuera del país.
Desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, el Kremlin ha intensificado la represión de cualquier tipo de disidencia. Hasta la fecha, cerca de 20,000 personas han sido detenidas por protestar contra la guerra, y al menos 768 personas son consideradas prisioneros políticos. Entre los que huyeron, muchos prominentes opositores a la guerra han sido declarados fugitivos o condenados a prisión en ausencia.
La invasión de Ucrania también provocó la huida de más de medio millón de rusos, que se oponían al conflicto, temían las consecuencias económicas o se negaban a participar en los combates. Si bien el Kremlin ha intentado minimizar el impacto de estas salidas y ha alentado su regreso, informes recientes sugieren que Moscú considera cada vez más a estos emigrados, no solo a las figuras más vocales de la oposición, como objetivos políticos.
En julio, el medio de investigación Agentsvo informó que un proveedor de datos personales robados, vendidos en el mercado negro, había creado una lista de rusos que abandonaron el país tras el inicio de la invasión. Aunque esta base de datos no ha sido confirmada como un documento oficial del gobierno, contenía información personal, como nombres, fechas de nacimiento, motivos de salida y los países de destino.
Poco después, el medio IStories reveló que el Ministerio del Interior ruso recomendó al presidente Putin la creación de una base de datos oficial de rusos que habían salido del país, como parte de una nueva estrategia contra el extremismo. Esto ha aumentado el temor entre los emigrados de ser perseguidos por su decisión de dejar Rusia.
Sergei Smirnov, abogado del proyecto de derechos humanos Perviy Otdel, explicó a IStories que muchas de las leyes rusas destinadas a suprimir la disidencia no tienen equivalentes en otros países. Mientras que en Rusia una persona puede enfrentar multas o penas de cárcel por «desacreditar» al ejército, en países tanto occidentales como no occidentales no existe el marco legal para procesar casos similares.
A pesar de su aislamiento de Occidente debido a la guerra, Rusia continúa cooperando con organismos internacionales de policía como Interpol, aunque mayormente en crímenes graves. Un ejemplo reciente es el arresto en Turquía de un ruso sospechoso de colocar una bomba en un coche que hirió a un oficial de inteligencia ruso y su esposa en Moscú.
Sin embargo, un portavoz de Interpol aclaró que su constitución prohíbe involucrarse en arrestos motivados políticamente, y cualquier solicitud de este tipo sería rechazada. En este sentido, los gobiernos occidentales probablemente no arrestarían a rusos por violar las leyes de censura en tiempos de guerra, aunque Moscú podría intentar saturar a las agencias policiales con solicitudes que no pueden cumplir o buscar arrestos en países «amigos» del Kremlin. Todavía es incierto si este proyecto de ley permitirá al gobierno ruso cumplir sus objetivos, ya sea para realizar acusaciones infundadas o para forzar la extradición de individuos con el fin de que sirvan en el ejército.
